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| (Foto: EFE/Página/12) |
O macrismo, que nunca se moveu para defender os
direitos humanos na Argentina, usará este tema como desculpa para intervir nos
assuntos internos dos governos progressistas da América Latina. Isso se chama ideologizar a política exterior, o que definitivamente
implica subordiná-la à de Washington.
Dilma Rousseff foi posta contra a parede acusada de
corrupção pela conjunção duma imprensa corrupta que faz falsas denúncias contra
a corrupção e políticos corruptos que dizem lutar contra a corrupção.
Por Luis Bruschtein – no jornal argentino Página/12, edição impressa de hoje, dia
5 (em espanhol)
La ofensiva despiadada de la derecha en Brasil
contra Dilma Rousseff y en Venezuela contra Nicolás Maduro forman parte del
mismo escenario que impactó en la Argentina con la derrota electoral del Frente
para la Victoria y que comenzó con la destitución hace ya tres años de Fernando
Lugo en Paraguay. La novedad no es la ofensiva de la derecha, que desde
principios del milenio se expresó con movimientos desestabilizadores de las
democracias y con operaciones destituyentes de los gobiernos constitucionales, sino
porque después de más de una década logró poner a la defensiva o enviar a la
oposición a los movimientos populares. En la semana que viene asume Mauricio
Macri en Argentina, Rousseff fue puesta a la defensiva con un pedido de juicio
político impulsado por la derecha y mañana, en una Venezuela sacudida por la
caída de los precios del petróleo, habrá elecciones legislativas con un
horizonte muy disputado. Los bienpensantes y políticamente correctos prefieren
separar los procesos de Brasil y de Venezuela. Obviamente son procesos
diferentes, porque son sociedades muy diferentes, igual que la argentina, pero
la ofensiva de la derecha usa las mismas herramientas y tiene los mismos
objetivos en toda la región y esa distinción, que es tan importante para los bienpensantes,
a la derecha le importa un pepino porque lo que está en juego son sus intereses
y la necesidad de recuperar una hegemonía que mantuvo durante décadas antes de
que le fuera arrebatada por estos movimientos entre fines del milenio pasado y
principios del nuevo.
A la derecha no le interesa si el gobierno chavista
es más o menos populista que el petista de Brasil o que el kirchnerismo en
Argentina. Sin embargo, usa esas diferencias, que a ella no le interesan, para
dividir el cuadro contrario. Cada vez que los bienpensantes, como el ex
canciller frenteamplista uruguayo y actual titular de la OEA, Luis Almagro,
hacen un renuncio injusto sobre Venezuela o Bolivia o Ecuador, están cediendo
espacios democráticos en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en todo el
continente. Es evidente que el triunfo de Mauricio Macri en Argentina
constituyó uno de los factores que aceleraron la crisis política
antidemocrática contra Dilma en Brasil y que va a actuar como un factor
condicionante en la interna de los demás países. El presidente de la Cámara de
Diputados brasileña, uno de los legisladores más corruptos de ese país, Eduardo
Cunha, tiene la protección de las corporaciones mediáticas, como aquí la tiene
Macri, y está aliado en el pedido de impeachment con la misma oposición que ha
usado el caballito de batalla de la anticorrupción y que se referencia con el
macrismo argentino. Argentina y Brasil tuvieron estos años un rol central para
frenar los intentos desestabilizadores de la derecha en la región. Por las declaraciones
del mismo Macri sobre Venezuela y las de su inminente canciller, Susana
Malcorra, ahora la política exterior argentina ya no cumplirá ese papel y por
el contrario se sumará a las corrientes desestabilizadoras ya sea contra los
gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Brasil. Y este último atraviesa una
crisis política y económica que debilita su papel regional.
Las dos referencias internacionales más concretas
que ha mostrado el PRO están a la derecha incluso de los gobiernos de la
Alianza del Pacífico, la contracara de los gobiernos populares del Mercosur. A
nivel latinoamericano ha traído a dar conferencias al ex presidente colombiano
Alvaro Uribe, actualmente en la oposición derechista, un personaje vidrioso
vinculado a paramilitares y narcos. Otros personajes que han llegado invitados
por el PRO han sido los dirigentes del conservador Partido Popular, de España,
sobre todo un amigo personal de Macri, el ex presidente José María Aznar, que
debió abandonar el poder cuando mintió sobre los autores de un sangriento
atentado terrorista en un intento de aprovecharlo políticamente. Uribe y los
conservadores españoles han sido los principales instigadores de golpes y
desestabilizaciones en Venezuela a la que se le exigen en forma permanente
credenciales democráticas y “elecciones transparentes”, cuando el chavismo ha
participado en casi dos decenas de elecciones ultracontroladas por observadores
internacionales y no tuvo prurito en reconocerlo democráticamente cuando el
resultado le fue adverso, cosa que la derecha nunca hace y denuncia fraude
cuando los resultados no le convienen.
Durante la presentación del gabinete de Macri en el
Botánico, Susana Malcorra afirmó que el eje de la política exterior argentina
serán los derechos humanos. Resulta extraño que una fuerza política que, en el
mejor de los casos, nunca mostró demasiado interés en ese tema en su propio
país donde se cometieron verdaderos horrores, ahora lo convierta en el eje de
su diplomacia. El PRO no se ha destacado en la defensa por los derechos humanos
en Argentina, ni tiene ningún dirigente que haya sobresalido en esa lucha, pero
será el centro de su preocupación con respecto a los demás países. Hace pocos
días se negó a conformar una comisión investigadora sobre la complicidad de los
negocios y las finanzas con el terrorismo de Estado y la mayoría de sus
intervenciones en esa área como fuerza política han sido más bien para
preservar la impunidad que para defender los derechos humanos. Esa paradoja
demuestra que el macrismo usará los derechos humanos como excusa para
intervenir en los asuntos internos de países cuyos gobiernos no sean afines
ideológicamente. Eso se llama ideologizar la política exterior, lo que en
definitiva implica subordinarla a la de Washington.
Estados Unidos, donde varios de sus presidentes han
promovido las torturas en Guantánamo y otras cárceles militares, los secuestros
y el espionaje en todo el mundo, no solamente defienden su impunidad sino que
además se arrogan el privilegio de hacer informes sobre el estado de los derechos
humanos en los demás países. La política exterior de Estados Unidos está
esencialmente ideologizada, pero en función de sus intereses. Los derechos
humanos no tienen nada que ver con esas decisiones. Si el gobierno venezolano
fuera amigo de la Casa Blanca, ni se fijarían en sus políticas internas. Fue
loable cuando el presidente James Carter planteó esta normativa para la
política exterior norteamericana en los años 70, pero inmediatamente fue
desnaturalizada por todos los que le sucedieron, de Ronald Reagan en adelante,
incluyendo a Barack Obama que no ha podido desmontar la cárcel de Guantánamo.
Dilma Rousseff fue puesta contra la pared acusada
de corrupción por la conjunción de una prensa corrupta que hace falsas
denuncias contra la corrupción y políticos corruptos que dicen luchar contra la
corrupción. En Argentina se aplicó esta estrategia de pinzas durante toda la
campaña electoral y durante los gobiernos kirchneristas. Por ejemplo, los
jueces tienen menos pruebas para involucrar al saliente vicepresidente Amado
Boudou que las que tenían sobre la relación de Mauricio Macri con el espionaje
telefónico. No se trata de declarar la culpabilidad o la inocencia de nadie,
sino de que la evidencia es más fuerte en el caso de Macri que en el de Boudou,
pero Macri va en camino de ser desprocesado y los medios concentrados no
dejarán que eso suceda con Boudou. El juez Claudio Bonadio se cansó de tomar
denuncias insostenibles y promover medidas anticorrupción que tuvieron gran
despliegue mediático durante la campaña electoral sin que ningún órgano de la
justicia le llamara la atención. El allanamiento de la Afsca de ayer forma
parte de esa campaña de los sectores mayoritariamente reaccionarios de la
Justicia y de la política. En el caso de Brasil, con estas metodologías, la
derecha intenta llevar al juicio político y la destitución de Dilma y en
Argentina tuvieron un fuerte impacto electoral.
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