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| Delegação das FARC em Havana e o presidente Juan Manuel Santos: após a guerrilha matar 11 militares, Santos ordena retomar os bombardeios e as FARC insistem com o cessar-fogo bilateral (Foto: Nodal) |
“A sensação é que, apesar dos estremecimentos, a Colômbia se aproximou como
nunca antes duma solução definitiva do conflito armado. O desejo da maioria dos
colombianos é que essa solução finalmente ocorra para, dessa maneira, dar lugar
à longa lista de assuntos sociais pendentes”.
Por Agustín
Lewit (*), no jornal argentino Página/12, edição impressa desta quinta-feira,
dia 16 (em espanhol)
Otra vez el proceso de paz en Colombia entra en
zona de turbulencias. Al igual que lo sucedido en noviembre pasado, cuando tras
el secuestro de las FARC de un general del ejército el gobierno levantó su
delegación de la mesa de negociaciones en La Habana, generando con ello la
mayor crisis de los diálogos desde que se iniciaron en 2012, una nueva acción
trágica parece alejar – al menos por ahora – la tan ansiada solución definitiva
al conflicto armado que lleva más de cinco décadas abierto.
En la región
del Cauca – una de las zonas de mayor tensión del territorio colombiano – donde
numerosas columnas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
conviven junto con importantes movimientos indígenas, campesinos y células
militares norteamericanas, diez miembros del ejército colombiano fueron
asesinados en la madrugada de ayer. Como ya es costumbre, las partes esquivaron
la responsabilidad: la versión oficial habla de un ataque premeditado de la
insurgencia; las FARC, por su parte, encuadraron el trágico saldo dentro de una
acción defensiva derivada de los enfrentamientos que el gobierno no ha cesado.
Como sea, y más
allá de las responsabilidades que será necesario determinar, la gravedad de lo
ocurrido ayer radica en que se rompió el cese del fuego unilateral anunciado en
diciembre por la guerrilla y replicado luego por el gobierno, el cual ha sido constatado
por distintos organismos internacionales. En efecto, una de las primeras
repercusiones de lo sucedido ayer fue el previsible anuncio del presidente Juan
Manuel Santos de levantar la suspensión de los ataques que había prorrogado
hace apenas cinco días, ordenando reanudar los bombardeos en todo el territorio
colombiano. Si bien parece poco probable que se interrumpa el proceso de
diálogo, puesto que una de las cláusulas centrales de los mismos es el
compromiso de mantener las negociaciones incluso en paralelo a eventuales
enfrentamientos bélicos, es indudable que este nuevo episodio tendrá efectos en
lo que ocurre en la capital cubana. En un momento, además, donde las
delegaciones allí presentes están empantandas hace varios meses en el cuarto
punto de la agenda, referido a la reparación de las cientos de miles de
víctimas, lo cual ha ralentizado el inédito avance que hasta aquí mostraban las
negociaciones que se encuentran, según muchos analistas, en un momento
definitivo.
La situación se
torna incluso más compleja si se contempla otra condición de los diálogos,
aquella que reza que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo cual
supedita los tres preacuerdos ya logrados a lo largo de estos dos años
–referidos a la ocupación de tierras, a la participación política de los
insurgentes y a las drogas ilícitas– a un resultado exitoso del proceso en su
conjunto. De esa manera, cualquier cimbronazo en las negociaciones hace
peligrar el proceso en su totalidad. Como era de suponer, los sectores de la
derecha colombiana –con el ex presidente Alvaro Uribe a la cabeza– no tardaron
en responsabilizar al propio presidente por lo sucedido, reclamando un aumento
de las hostilidades y denostando los acercamientos con la guerrilla.
Si bien aún es
temprano para avizorar los alcances que este nuevo episodio tendrá tanto en
Colombia como en La Habana, lo cierto es que una vez más –y del modo más
trágico– vuelve a tornarse evidente la imperiosa necesidad de un cese del fuego
completo, real y definitivo, algo que, pese a ser reclamado por diversos
sectores políticos y sociales –incluyendo a las propias FARC–, el gobierno
siempre se ha negado a implementar. Allí, en la interrupción definitiva y
bilateral de las hostilidades, se cifra la verdadera condición de posibilidad
de que los diálogos arriben a un triunfo definitivo y la paz deje de ser un
anhelo para convertirse en realidad.
Cierto es
también que en ese paso tan difícil como decisivo se torna crucial el apoyo de
la región, especialmente de Unasur. Al respecto, el secretario general de dicho
organismo, Ernesto Samper, ha propuesto recientemente que la fuerza de paz Cruz
del Sur, integrada por militares chilenos y argentinos, participe en el proceso
de desmovilización, lo cual es un buen indicio. La sensación es que, más allá
de los cimbronazos, Colombia se ha acercado como nunca antes a una solución
definitiva del conflicto armado. El deseo de la mayoría de los colombianos es
que ello finalmente ocurra para, de esa manera, darle lugar a la larga lista de
asuntos sociales pendientes.
(*) Investigador
del C.C. de la Cooperación, periodista de Nodal.
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