Gustavo Petro (ao centro, com microfone) e sua vice Francia Márquez (negra, batendo palmas) (Foto: reproduzida do Nodal)
Os desafios que o novo
governo deverá enfrentar não têm precedentes em nenhum lugar do mundo.
Antes de tudo deverá priorizar o cumprimento do Acordo de Paz feito com as FARC (maior grupo guerrilheiro do país), completamente desrespeitado durante o período presidencial de Iván Duque.
A violência política não foi reduzida desde o triunfo eleitoral do PH (Pacto Histórico, coligação vencedora da eleição colombiana). Pelo contrário...
O programa econômico do PH supõe profundas transformações da estrutura econômica tradicional do país.
Um dos aspectos mais destacados do programa do PH é a reforma agrária que dará acesso à terra aos camponeses sem-terra e expulsos de suas casas. Na Colômbia 46% da terra rural está nas mãos de 0,4% da população.
Na área social, o programa
do Pacto Histórico supõe uma grande reviravolta quanto ao modelo neoliberal
imperante.
O novo governo se propõe a implantar uma renda básica, o chamado Ingreso Mínimo Vital (Renda Mínima Vital), e gerar planos de emprego público para todo aquele que necessite por estar desempregado.
(Reproduzido do portal Nodal – Notícias da América Latina e Caribe)
Algunos
desafíos del gobierno del Pacto Histórico – Por Eduardo Giordano*
En 08/08/2022
Este 7 de agosto tomó posesión el primer gobierno progresista de la
historia de Colombia, presidido por los dirigentes del Pacto Histórico Gustavo
Petro y Francia Márquez. Los colombianos votaron con el fin de superar una
larga y enconada historia de violencia política y crueldad institucional, para
convertir al país en una “potencia mundial para la vida”.
Los partidos y movimientos sociales de izquierda, la juventud movilizada
durante el paro nacional y un entramado territorial de poblaciones
tradicionalmente excluidas —indígenas, afrocolombianos…—, constituyeron el
sustrato de este cambio político que vino a confrontar a las élites
tradicionales y a desbaratar sus mecanismos de poder.
El triunfo electoral de la coalición progresista del Pacto Histórico
(PH) es una verdadera hazaña en un país cuyos gobernantes siempre se creyeron
blindados contra un eventual triunfo de la izquierda. La campaña estuvo minada
de dificultades y riesgos para los candidatos de esta fuerza, amenazados
constantemente por grupos paramilitares. El historial de asesinatos de
candidatos presidenciales progresistas con el que cuenta el país no permitía
tomar esas amenazas a la ligera.
No obstante, el resultado fue favorable al PH en la primera vuelta con
más del 40 % de los votos, 12 puntos por encima del siguiente candidato, el
populista de derecha Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta el PH obtuvo
mayoría absoluta, sobrepasando el 50 % de los votos, frente al 47 % de su
adversario y con una diferencia de 700.000 sufragios.
Si el triunfo electoral de la izquierda puede considerarse una auténtica
proeza en un contexto tan hostil, mucho mayor es la hazaña de gobernar el país
y cumplir con los objetivos propuestos a los electores.
Consciente de la dificultad de la tarea que se avecina, la fórmula
presidencial triunfadora se entregó al día siguiente de la victoria electoral a
contactar con otras fuerzas políticas y articular las alianzas necesarias para
poder aprobar reformas en un Congreso fragmentado, donde el PH se ha convertido
en la fuerza mayoritaria tras las últimas elecciones, pero numéricamente
insuficiente para aprobar leyes y diseñar políticas sin contar con amplios
apoyos parlamentarios.
En la mirada estratégica de Gustavo Petro, la construcción de un Estado
no dominado por las mafias del narcotráfico y la parapolítica, sensible a las
necesidades de la población, requiere en este momento histórico del país sumar
sectores que hasta ayer hicieron campaña en su contra.
El apoyo del 50 % de la población que lo eligió sería insuficiente para
acometer los cambios que se avecinan, y ha abierto las puertas de la coalición
a formaciones de centro y derecha como el Partido Liberal, el Partido
Conservador y el Partido de la U, acordando el carácter rotatorio de la
presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes con los nuevos aliados.
Los acuerdos han supuesto también concesiones a los nuevos socios en algunos
cargos del ejecutivo.
Esta estrategia ya dio un primer resultado tras la conformación del
nuevo Congreso, que se constituyó el pasado 20 de julio. Apenas seis días más
tarde el Senado ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de Escazú, un
instrumento básico para alcanzar un desarrollo sostenible y combatir el cambio
climático, dos aspectos fundamentales del plan de gobierno del PH. Sólo votaron
en contra los senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos
que boicotearon la aprobación de este acuerdo durante el período presidencial
de Iván Duque.
Otro gesto político revelador fue la asistencia de varios congresistas
del PH a la Cumbre de los Pueblos Originarios convocada en Silvia, Cauca, por
las siete organizaciones indígenas más representativas.
Entre los resultados de esta cumbre, las delegaciones de los pueblos
indígenas de toda Colombia concluyeron: “Participaremos en esta era de
transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a
gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de
nuestros derechos y la transformación del país”. A fin de articular esfuerzos
para hacer efectivos estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto una comisión de
interlocución directa” con el presidente Gustavo Petro.
El cambio ha llegado en primer lugar a desbaratar las viejas formas de
la conducción política de los asuntos que afectan a las comunidades. El
paternalismo verticalista de los sucesivos gobiernos derechistas quedaría así
sustituido por un diálogo horizontal, del gobierno nacional con las autoridades
locales, para atender sus reclamos y determinar sus necesidades.
Los retos
Los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno no tienen precedentes en
ningún lugar del mundo. Ante todo deberá priorizar el cumplimiento del Acuerdo
de Paz con las FARC, “hecho trizas” durante el período presidencial de Iván
Duque. La nueva política de seguridad deberá proveer la protección adecuada a
los ex combatientes de la guerrilla reincorporados a la vida civil y acabar con
los grupos paramilitares causantes de las continuas masacres y los asesinatos
de líderes sociales.
La violencia política no ha mermado desde el triunfo electoral del PH.
Por el contrario, hasta el 12 de julio la cifra se ha incrementado respecto al
año 2021, según datos de Indepaz, hasta un total de 108 asesinatos de líderes
sociales y defensores de derechos humanos (incluidos 25 líderes indígenas), 53
masacres con 185 muertos y 28 asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Al
mismo tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a 30 agentes de la fuerza
pública durante el primer semestre de este año, dejando una vez más al
descubierto el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque.
El programa económico del PH supone profundas transformaciones de la
estructura económica tradicional del país. El gobierno presidido por Gustavo
Petro deberá cumplir con su ambicioso plan de “desfosilización” de las
exportaciones colombianas (reducir el peso del petróleo y el carbón), concentrándose
en cambio en el desarrollo de tres pilares básicos de la economía abandonados
por los anteriores gobiernos: la agricultura, la industria y el conocimiento,
además de potenciar el turismo con un entorno pacífico.
En cuanto a la desfosilización de la economía, no se trata de
interrumpir los ingresos que el país percibe por exportaciones de productos
energéticos, que representan entre un tercio y la mitad del total, sino de
suspender la exploración y adjudicación de nuevos yacimientos, mientras se van
incorporando gradualmente energías renovables para atender el consumo interno.
El nuevo gobierno colombiano ya ha declarado que impedirá la explotación
de hidrocarburos con tecnología de fracking, un viejo reclamo de las
comunidades para proteger sus acuíferos. Uno de los aspectos más destacados del
programa del PH es la reforma agraria que dará acceso a la tierra a los
campesinos desplazados y desposeídos. En Colombia el 46% de la tierra rural
está en manos del 0,4 % de la población.
En el plano social, el programa del Pacto Histórico supone un gran
vuelco con respecto al modelo neoliberal imperante. Actualmente la informalidad
laboral afecta al 62 % de la población económicamente activa y hay tres
millones de desempleados, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores.
Sólo una tercera parte de los trabajadores activos, unos ocho millones, cotiza
a la Seguridad Social. El nuevo gobierno se propone instaurar una renta básica,
o Ingreso Mínimo Vital, y generar planes de empleo público para todo aquel que lo
necesite por estar desocupado.
Unidad en la diversidad de América Latina
En política exterior se producirá un importante cambio de rumbo, aunque
este cambio resulte poco perceptible al comienzo en las relaciones con Estados
Unidos. En el transcurso del gobierno del Pacto Histórico se deberán redefinir
las formas de colaboración entre ambos país, desde la política de seguridad
hasta la estrategia antinarcóticos.
Una cuestión que en el futuro puede tensar la relación con el gobierno
estadounidense es la permanencia o no de las bases militares de ese país en
territorio colombiano y, en caso de acordarse su permanencia, con qué misión
específica. Pero esta cuestión no es un debate que se vislumbre en el corto
plazo.
Respecto a los maltrechos vínculos con los vecinos venezolanos, la
política exterior de Petro revertirá la tensión conflictiva que mantuvo Duque
durante todo su mandato, obsesionado con el acoso y derribo del gobierno de
Nicolás Maduro. En contraste con la inacción característica del gobierno de Duque,
el nuevo gobierno de Colombia ya emprendió su actividad diplomática incluso
antes de haber tomado posesión.
El 28 de julio se reunió en la ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo
ministro de Relaciones Exteriores designado por Gustavo Petro, Álvaro Leyva,
con el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Faría. Ambos suscribieron un
acuerdo para “la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir
del 7 de agosto” con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios del
servicio diplomático, al mismo tiempo que reafirmaron su “voluntad de hacer
esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera”.
Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por
otros países sudamericanos, tejiendo lazos con las figuras más destacadas de
los movimientos populares que aspiran a un cambio de hegemonía política en la
región. Márquez se reunió en Brasil con el candidato (y ex presidente) Lula da
Silva, en Chile con el presidente Gabriel Boric, en Argentina con Alberto Fernández
y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por último conversó en Bolivia con el
vicepresidente David Choquehuanca y con el líder histórico del MAS, el
expresidente Evo Morales.
Francia Márquez escribió en sus redes sociales después de esta última visita:
“Hoy la lucha del pueblo boliviano y colombiano se junta para reconocer en la
diferencia una Latinoamérica unida y soberana”.
Emerge así un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en
particular entre los países latinoamericanos, basado en la “unidad en la
diversidad”. Colombia no sólo aspira a cambiar su destino para revertir su
trágica historia nacional y empezar a vivir sabroso: también sería un actor
fundamental para el cambio de equilibrios de poder en el plano continental.
*Periodista, traductor y escritor, coautor de diversas obras de
investigación: Europa en el juego de la comunicación global, Políticas de
televisión, ambas en colaboración con Carlos Zeller. También es coautor de la
obra colectiva Las mentiras de una guerra: desinformación y censura en el
conflicto del Golfo
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