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| “O narcotráfico é a ditadura no México”, diz Estela de Carlotto (cabelos brancos), presidente de Avós da Praça de Maio (entidade argentina de defesa dos direitos humanos), que acompanhou a apresentação do informe (Foto: AFP/Página/12) |
Uma
epidemia de desaparecimentos: a organização Anistia Internacional avalia que a
crise de direitos humanos que castiga o país asteca alcança “dimensões epidêmicas”
e atribui essa situação à ineficiência que afeta todo o sistema judicial.
A Luis
Carlos Hernández Sánchez se lo devoró el silencio y la impunidad. Al momento de
su desaparición tenía 18 años y vivía con su familia en la ciudad de
Cuauhtémoc, estado de Chihuahua, municipio mexicano con la cantidad de
habitantes de Zárate que por su ubicación geográfica se transformó en ruta
elegida por el narcotráfico para
extender sus negocios desde el occidente septentrional mexicano hasta el sur de
Estados Unidos. El 22 de mayo de 2010, el joven cuauhtemense conversaba con
siete amigos cuando fueron secuestrados por hombres armados que llegaron al
lugar en varias camionetas. Con el tiempo, los siete cuerpos sin vida fueron
encontrados, pero de Luis Carlos no se supo nada más. Un noveno muchacho
desapareció cuando iba al funeral de su hermano, cuyo cuerpo había sido
identificado. En el documento “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado
frente a la desaparición de personas en México”, al que tuvo acceso Página/12,
Amnistía Internacional aborda la situación en Cuauhtémoc, también el caso de
los normalistas de Ayotzinapa, y señala que al momento de publicar el informe,
se desconoce el paradero de 27.000 personas en México.
La organización de derechos humanos sostiene que la
crisis de derechos humanos que castiga al país azteca alcanza dimensiones
epidémicas, y achaca ese contexto a la incompetencia que afecta a todo el
sistema judicial, que se suma a una ausencia total de voluntad política por
parte de las autoridades estatales y federales para investigar la desaparición
de miles de personas y buscarlas. “Por desgracia, las desapariciones pasaron a
ser algo tan habitual que prácticamente ya forman parte de nuestra vida
cotidiana”, sostuvo la directora del programa de AI para América, Erika
Guevara-Rosas.
En ese sentido, el informe destaca que, a la fecha,
no se lograron cambios estructurales significativos que permitan asegurar el
acceso a la verdad, justicia y reparación del daño ocasionado a las víctimas,
ni tampoco se trabajó para poner fin y asegurar la no repetición de las
desapariciones forzadas, crimen que se inscribe bajo la forma de arrestos,
detenciones, secuestros o cualquier otra forma de privación ilegal de la
libertad que “sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la conformidad del Estado”,
seguida de la “negativa a reconocer dicha privación de libertad o del
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola a la protección de la ley”. De hecho, 46,5 por ciento de los
casos reportados ocurrieron bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, 3425 de
esos hechos fueron perpetrados el año pasado.
Aunque las estadísticas oficiales difundidos por el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hablan de al
menos 27.600 personas a las que el Estado mexicano llama “no localizadas”, AI
pone el acento en que esas cifras deben ser tomadas con cautela, puesto que no
desagregan cuántos de esos casos corresponden a desapariciones cometidas por
agentes no estatales, cuántos de esas acciones se vinculan a desapariciones
forzadas y en cuántos casos las personas se ausentaron por propia voluntad.
AI recomienda tipificar la de- saparición forzada y
la desaparición cometida por actores no estatales de modo que todas las
denuncias se investiguen exhaustivamente, con independencia de quien sea el
autor, y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado
cuando haya indicios de intervención de agentes estatales, sea por
autorización, apoyo o consentimiento. Pide además iniciar de oficio y sin
dilación la búsqueda dentro de las primeras 72 horas de la desaparición,
pesquisa que debe continuar hasta establecer la suerte o paradero de la
víctima.
De visita en México para acompañar la presentación
del informe, Estela de Carlotto se refirió a las desapariciones forzadas en el
país azteca. “México nos duele. Es el dolor de América latina que aún tiene
abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente
–sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo–. Los 43 estudiantes
desaparecidos en septiembre de 2014 eran jóvenes que como tantos otros estaban
indignados de una democracia que convive y permite la violencia más
desgarradora financiada por el narcotráfico y la violencia institucional. El
narcotráfico es la dictadura en México”, completó.
Como miles de mexicanos, Artemisa Ibarra y Martha
Loya se abrazaron a la búsqueda de sus seres queridos, en Cuauhtémoc. En esa
empresa a veces titánica, ellas mismas fueron víctimas de ese mal que encarna
la violencia estatal y paraestatal. Entre 2011 y 2013 se las llevó la ignominia
de un Estado borrado por el crimen organizado y la corrupción. Una línea de
continuidad se traza entre las circunstancias de sus desapariciones y la lucha
para que aparezcan con vida sus familiares. Al día de hoy, se desconoce el
paradero y la suerte que corrieron ambas mujeres.
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