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| Sérgio Moro (Foto: Página/12) |
Assim é
que, fazendo-se cúmplice da mais poderosa e desonesta força da oposição – a imprensa,
os grandes meios de comunicação –, se satisfaz o imenso ego do juiz (Sérgio
Moro) e seus auxiliares enquanto se destroçam reputações, se manipula a verdade
e se exerce pressão desmesurada sobre presos cuja prolongada permanência no
cárcere não se explica.
Assim se
dá este momento insólito: a Procuradoria Geral da República atua como deveria
ter atuado sempre e um juiz de província atua como não deveria fazê-lo jamais.
Por Eric Nepomuceno (jornalista
brasileiro), do Rio de Janeiro – no jornal argentino Página/12, edição impressa de 18/01/2016 (em espanhol)
Brasil vive una circunstancia insólita y
contradictoria. Desde hace muchos meses, algunos de los mayores empresarios del
ramo de la construcción –entre los cuales está Marcelo Odebrecht, heredero y
presidente de la constructora que lleva el apellido de la familia y es la más
grande de América latina– están presos por órdenes de un juez de primera
instancia. Altos funcionarios de la estatal Petrobras siguen igualmente
detenidos, mientras otros fueron liberados luego de adherir al instituto de la
“colaboración voluntaria”, mejor conocida por “delación premiada”. Hay ex
diputados, senadores y ministros presos. Hay un senador que fue detenido en
pleno ejercicio de su mandato. Otros son investigados, entre ellos los
presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
La sensación general es que nunca antes hubo tanta
corrupción en Brasil. La verdad, sin embargo, es bien otra: lo que nunca antes
hubo es tanta investigación, gracias precisamente a la independencia que los
gobiernos del PT concedieron (algo inédito en la historia reciente) a la
Fiscalía (Procuradoria) General de la Unión.
Los grandes medios de comunicación, por su vez,
lograron, gracias a una manipulación escandalosa, su objetivo: la opinión
pública está claramente convencida de que la corrupción es culpa única y
exclusiva del PT, que sedujo a sus aliados a base de harta distribución de
puestos, presupuestos y dinero desviado de estatales. Hay una persistente
insistencia en involucrar a Lula da Silva, que sigue siendo la figura política
de mayor protagonismo en el país, en los escándalos.
La manipulación es clara tanto por parte de los
grandes medios como de investigadores y fiscales, a través de una evidente
selección de lo que se filtrará, desde los pasillos de los tribunales y de la
Policía Federal, a los diarios, revistas y emisoras de televisión. El supuesto
sigilo de Justicia es violado con facilidad asombrosa por fiscales auxiliares y
policiales.
El fiscal (O procurador) general de la Nación,
Rodrigo Janot, se muestra a la vez implacable en sus denuncias y olímpicamente
independiente del gobierno que lo nombró, lo que es algo igualmente inusual en
Brasil.
Este es el aspecto insólito del tema: nunca antes
se investigó tanto, y nunca antes tantos poderosos –económica y políticamente–
se enfrentaron a la Justicia.
Sin embargo, hay algo que preocupa a abogados y
juristas: la actuación de Sergio Moro (foto), el mediático juez que, en primera
instancia, conduce los procesos. Dueño de un ego hipertrofiado, Moro dejó claro
desconocer límites en su conducta. Su método es mantener en prisión a los acusados
hasta que acepten un acuerdo de “delación premiada”, o sea, contar todo a
cambio de salir de la cárcel, obtener drásticas disminuciones en sus condenas y
poder responder al proceso en libertad.
Dice la ley que solo pueden permanecer detenidos
por tiempo indeterminado presos con posibilidad de amenazar el orden público,
entorpecer la Justicia o perjudicar investigaciones. No es, bajo ninguna
circunstancia, el caso de la mayoría de los que permanecen en la cárcel por
determinación del juez Moro: los allanamientos en oficinas y residencias ya
aportaron pruebas que no pueden ser destruidas. Pero el mediático juez quiere
más: quiere pasar a la historia como un paladín de la Justicia. Algunos
detenidos llevan seis meses de cárcel, sin haber sido llamados más de una vez
para declarar.
No son pocos los juristas que comparan tal método
–de evidente presión psicológica– a lo que practicaban los militares en tiempos
de la dictadura (1964-1985), con la diferencia (clave) de que ahora no hay
tortura física.
La alianza entre fiscales, policiales y los grandes
medios hegemónicos de comunicación para seleccionar muy bien los filtrajes, y
luego manipular todo, es otro punto de inquietud.
Hace pocos días un “delator premiado”, ex directivo
de Petrobras, reiteró lo ya sabido: en la empresa había desvío de dinero desde,
por lo menos, los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, del PSDB,
principal partido adherido al golpe institucional contra Dilma.
La noticia mereció escasos centímetros en los
grandes diarios. Ya cualquier mención a Lula, al PT o a Dilma merece titulares
de primera página. La opinión pública, embobada y maravillada, aplaude.
Contra esa situación se manifestaron 105 de los
principales abogados criminales del país. Denuncian el menoscabo a la
presunción de inocencia y al derecho de defensa, el desvirtuar el uso de la
prisión provisoria, el filtraje selectivo de informaciones sigilosas, que están
consolidándose como las marcas de la actual operación en curso. “Es
inconcebible que los procesos sean conducidos por un magistrado (en relación a
Sergio Moro) que actúa con parcialidad, portándose de manera más acusadora que
la misma fiscalía”, escribieron los abogados.
Así es cómo, haciéndose cómplice de la más poderosa
y deshonesta fuerza de la oposición –la prensa, los grandes medios–, se
satisface el inmenso ego del juez y sus auxiliares mientras se destrozan
reputaciones, se manipula la verdad y se ejerce presión desmesurada sobre
presos cuya prolongada permanencia en el cárcel no se explica.
Así se da este momento insólito: la Fiscalía
General de la Unión actúa como debería haber actuado siempre, y un juez de
provincia actúa como no debería hacerlo jamás.
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