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| (Foto: Nodal) |
Nesta que é considerada “a etapa
final do processo de paz” – a previsão da assinatura do acordo é 23 de março
-, as discussões entre as delegações do governo e das Farc serão sobre desarmamento,
desmobilização e zonas de concentração da guerrilha; e sobre o cessar-fogo
bilateral e o referendo da população para aprovação (ou não) do acordo.
Do portal Nodal
– Notícias da América Latina e Caribe, de 12/01/2016 (em espanhol)
Negociadores
del Gobierno viajan hoy a La Habana a reunirse con las Farc tras la instrucción
de Santos de firmar la paz lo antes posible. Discutirán sobre desarme,
desmovilización y concentración de la guerrilla; cese al fuego bilateral y
refrendación. Los
voceros del Gobierno y las Farc empiezan esta semana un nuevo ciclo de
conversaciones de cara a lo que muchos consideran “la etapa final del
proceso de paz”, que se inició oficialmente el 19 de noviembre de 2012 en
La Habana.
Esta fase
crucial, como lo anunció el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle
Lombana, “monopolizará la energía de las partes para abordar los puntos de
refrendación y fin del conflicto”. De la Calle también prometió un trabajo de
“tiro largo” en la búsqueda del acuerdo final.
Este
trabajo incluye dejar listo el acuerdo sobre el punto tres,‘fin del conflicto’,
que incluye los pormenores de la desmovilización, desarme y concentración
de la guerrilla, sobre el cual vine trabajando una subcomisión técnica
integrada por militares desde marzo del año pasado.
El punto
tres también contempla la consecución de un cese al fuego bilateral y
definitivo entre el Ejército y la guerrilla, que sea verificable
internacionalmente por una entidad aún por acordar.
También
se debe lograr consensos sobre el mecanismo de refrendación, el punto seis de
la agenda de diálogos, ya que el Gobierno impulsa el Plebiscito por la
Paz como forma de legitimar el acuerdo, mientras que las Farc buscan una
Asamblea Nacional Constituyente.
Otros
puntos como la forma de escoger a los magistrados del Tribunal Especial de Paz,
cuántas zonas de concentración habrá para la guerrilla y cómo será su
funcionamiento, son temas sueltos que se deben resolver en esta última etapa de
negociación.
La
primera sesión de conversaciones de 2016 que arranca el miércoles (quarta-feira)
13 de enero, inicia con la cada vez más cercana señal en el faro del 23 de
marzo como fecha límite fijada para llegar a la firma; también, la preceden
hechos como la solicitud del presidente Juan Manuel Santos de convocar sesiones
extras en el Congreso con el objetivo de reformar la Ley de Orden Público para
crear las zonas de concentración de los desmovilizados de las Farc, así como el
paso a estudio en la Corte Constitucional del proyecto de ley estatutaria
Plebiscito por la Paz.
A lo
anterior se suma el concepto favorable que emitió la Corte Suprema de Justicia
CSJ respecto a la solicitud de extradición que hiciera la justicia de Estados
Unidos contra Octavio Orrego Sánchez alias (codinome) Sebastián, insurgente al
que se le atribuye responsabilidad en el secuestros de tres contratistas estadounidenses.
Aunque la última palabra la tiene el presidente Santos, la decisión de la CSJ
podría verse como un pero en la reanudación de los diálogos.
De todas
formas, el Gobierno es optimista respecto al panorama que avista en esta fase
crucial, mientras la oposición al proceso se reafirma en su rechazo a lo que se
ha acordado y lo que se pueda acordar durante los próximos meses. EL HERALDO
recogió las voces de varios analistas, quienes desde su ámbito hacen un
diagnóstico de lo que puede venir en el proceso de diálogos con las
Farc, en cuyo transcurrir ya se han logrado acuerdos en la mayoría de puntos de
la agenda.
El año de
las definiciones
El
senador Armando Benedetti Villaneda, miembro de la Comisión Primera que trata,
entre otros asuntos, reformas constitucionales y estrategias para la paz,
calificó el año que comienza como el más importante para Colombia después de la
Independencia. “La agenda contempla firma de los acuerdos, dejación de armas,
plebiscito y Acto Legislativo para la Paz. Vamos con todo”. Afirma uno de los
principales defensores en el Congreso de las negociaciones en La Habana.
A la par
con la evacuación de los puntos de la agenda, el congresista barranquillero ha
rezumado un optimismo que lo hace afirmar una y otra vez que la paz no tiene
reversa y que, incluso, puede darse antes de la fecha establecida. “A los que
les gusta la guerra, que piensen en buscar oficio. Que se vayan para Siria”, es
su mensaje a los detractores de los diálogos.
De otro
lado, Ancízar Marroquín, politólogo y director académico del Instituto de Altos
Estudios para la Gestión Pública, dice que este año inicia con “mucha
expectativa y gran temor” de si se va a firmar o no la paz. Considera que, a
dos meses del día pactado, hay muchos temas por definir, como cuáles y cuántas
serán las zonas de concentración para los desmovilizados y qué van a
hacer estos, o de qué van a vivir una vez dejen las armas.
Marroquín
estima que el Gobierno ha puesto las cartas sobre la mesa y que ha sido
generoso en el sentido de hacer las reformas necesarias para llevar a cabo el
proceso; ante tales circunstancias –agrega– es difícil que la guerrilla no
acepte, más aún, cuando ya se ha creado un ministerio para el posconflicto y se
sabe que van a llegar recursos de organismos y bancos internacionales, al
estilo del Plan Colombia, pero enfocado a la reconciliación nacional. “Cada
vez se cierran más las posibilidades para que las Farc se puedan
escapar”, advierte.
Las zonas
de concentración para la guerrilla
El Caguán
fue la última experiencia que involucró la concentración de la guerrilla en una
zona geográfica.
Aquellas
regiones que en noviembre pasado las Farc llamaron “zonas especiales de paz”,
son sobre las cuales el presidente Santos llamó a legislar en las
sesiones extraordinarias que podrían darse en febrero. Tal como lo
anunció el mandatario en el reciente cónclave por la paz realizado en
Cartagena, el objetivo de dicho pedido al Congreso es el de tramitar una
reforma a la Ley 418 de 1997 de Orden Público que le confiera facultades al
Ejecutivo para crear las zonas de concentración o de distensión.
Y aunque
ya el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco y otros senadores como
Viviane Morales e Iván Cepeda Castro expresaron su respaldo a la propuesta
gubernamental, para los opositores del proceso de paz, la bancada del Centro
Democrático, preocupa el carácter unánime y a su juicio “facilista” con que se
están atendiendo temas tan complejos como la reforma a la 418.
El
senador de dicha colectividad Jaime Amín Hernández considera que el Gobierno
“solo está en modo paz”. Advierte que su partido no conoce el texto de dicha
reforma y que su preocupación se fundamenta en dos razones: que las Farc han
venido exigiendo más de ochenta puntos de despeje y que dicha ocupación se
haría con los miembros del grupo rebelde armados, ya que en torno al tema se
han manejado sofismas como que las armas van “a entregarse a un tercero o van a
quedar engavetadas”.
“El
Gobierno ha hecho del tema del proceso de paz un completo galimatías. Que nos
digan de una vez por todas si se va a repetir lo de unos nuevos ‘caguancitos’
como ya el país lo conoció y lo padeció”, reclama el legislador barranquillero,
para quien lo más viable sería la creación de no más de tres zonas verificables
por el Gobierno y un organismo internacional como la Organización de las
Naciones Unidas ONU.
Sobre el
particular, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco recalca que, a
diferencia de la mala experiencia vivida bajo el mandato de Andrés Pastrana
Arango, esta vez las zonas de despeje no surgen como condición para iniciar los
diálogos, sino como consecuencia de un cierre definitivo del el proceso de paz,
en cuyo contexto debe darse el desarme.
En una
visión independiente de la oposición y de las tesis de la coalición
gubernamental, el jurisconsulto y expresidente de la Corte Constitucional, José
Gregorio Hernández, apunta que el Gobierno, amparado en el artículo 22 de la
Constitución Nacional, tiene el deber de buscar la paz, pero que en vista de
que en una democracia hay tantos y tan distintos puntos de vista, el presidente
debe buscar por todos los medios un consenso en el que participen todas las
fuerzas políticas y sociales, incluidas la academia y la rama Judicial.
Lo que
viene en materia de refrendación (referendo, plebiscito)
El
reinicio de los diálogos coincide con el paso a estudio por la Corte
Constitucional del Plebiscito por la Paz aprobado por el Congreso en el
anterior periodo legislativo y que representa el mecanismo de refrendación
adoptado por el Gobierno para que los colombianos se pronuncien en las urnas a
favor o en contra de lo acordado en la mesa de La Habana. Según ha
trascendido, el proyecto puede quedar en manos de uno de los siguientes
magistrados: María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio o Alejandro Linares;
todos caracterizados por sus posturas liberales.
Mientras
se decide la suerte del proyecto en la Corte, siguen generándose opiniones
respecto a si el recurso de aprobación y la forma como hizo tránsito en el
Congreso es la más adecuada o la más conveniente para el país, democráticamente
hablando. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández,
dice que Santos como jefe de Estado no estaba obligado a convocar un
plebiscito, pero que él mismo fue quien decidió someter los acuerdos pactado a
la aprobación popular.
Hernández
estima que es válido que Santos se hubiera comprometido con este mecanismo de
refrendación, lo que no comparte es que el proyecto haya sido“manipulado” con
la introducción de un umbral del 13%, meta que no considera representativa de
la voluntad del electorado. “Tal como están las cosas, con ese umbral tan bajo,
no creo que la aprobación en las urnas del proceso de paz vaya a tener
dificultad”, sentenció el expresidente de la Corte Constitucional.
El
umbral del 13% implica que del censo electoral aproximadamente 4,4 millones de
ciudadanos deben votar por el ‘sí’ para que se aprueben los pactos de la mesa,
pero este resultado debe superior a los votos por el no. Justo este fue uno de
los temas que más escozor les produjo a los parlamentarios del Centro
Democrático en la etapa del estudio legislativo.
Para
Jaime Amín el plebiscito es abusivo y traído de los cabellos. “El 13 por ciento
es precario, crítico, un número inventado que le tuerce el pescuezo a la
Constitución”, asevera, y recalca que la cifra no es representativa para
consultar a los colombianos sobre un tema tan trascendental como la paz.
A su
turno el experto Ancízar Marroquín se pregunta, teniendo en cuneta que el
resultado de este plebiscito sería vinculante, ¿qué pasaría si gana el no en
las urnas?, ¿volverían las Farc al monte? Sobre el grupo insurgente, al que no
lo convence el plebiscito, Marroquín afirma: “a las Farc no le gusta nada que
implique una camisa de fuerza”. Resalta que el mecanismo de refrendación por el
que se inclina el ejército rebelde, la Asamblea Nacional Constituyente, es en
lo único en que coinciden las Farc con el Centro Democrático.
Concluye
que aunque la Constitución del 91 es buena, aún sigue quedando mucha gente por
fuera de la institucionalidad. “No hay que tenerle miedo a una constituyente”,
puntualiza.
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En más de
tres años y 47 ciclos de conversaciones, el Gobierno y las Farc han definido
acuerdos en cuatro de los seis puntos de la agenda y han aprobado consensos
parciales en temas como la justicia transicional y el punto de víctimas. El
primer punto acordado, en 2013, fue el de tierras y la implementación de
un sistema integral agrario; a este le siguieron los acuerdos sobre el tema de
drogas ilícitas y la participación en política de los miembros de las Farc.
Se
sumaron luego, el año pasado, los trascendentales consensos sobre la
implementación de una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la atención de
víctimas. El primero de ellos, septiembre 23 de 2015, suscitó el icónico
apretón de manos entre el presidente Santos y el jefe guerrillero alias
Timochenko, hecho que a decir de los entendidos se convirtió en la prueba
irrefutable de que el proceso de paz llegará a un exitoso final.
En tanto
el segundo, el acuerdo de víctimas pactado en diciembre y que trata de un
sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, motivó la
crítica de Human Rights Watch HRW. “Es una piñata de la impunidad”, lo calificó
así José Miguel Vivanco, director para América Latina del organismo.
La
crítica fue respondida por el presidente Santos y los negociadores mediante una
misiva en la que, entre otros temas, expresan que a pesar de que el proceso de
paz de Colombia no es perfecto, el acuerdo de justicia transicional al que
llegaron las partes es el mejor logrado en la historia de los conflictos.
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