Há quase 43 anos do golpe de Estado contra Salvador Allende, persiste no Chile um ranço do pinochetismo (Foto: Télam/Página/12) |
A direita
chilena responde ao projeto antipinochetista “Nenhuma rua levará teu nome”: a
neta do líder socialista, deputada Maya Fernández, qualificou de absurda e de
falta de respeito a proposta de seus colegas da UDI (partido de direita). A deputada
comunista Karol Cariola havia proposto proibir a exaltação de Pinochet.
Por Mercedes López San Miguel – no jornal
argentino Página/12, edição impressa
de 16/01/2016 (em espanhol)
Tres
diputados presentaron un proyecto para sancionar a quienes enaltezcan la figura
del ex presidente Salvador Allende, derrocado por un golpe militar en 1973. Los
legisladores pertenecen a la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los
partidos que más colaboró con la dictadura que sucedió al golpe.
La iniciativa de la derecha nace como respuesta al
proyecto “Ninguna calle llevará tu nombre” presentado por la diputada comunista
Karol Cariola, que propone prohibir la exaltación del dictador Augusto Pinochet
y otros personajes que estuvieron vinculados a su régimen. El legislador de la
UDI, Ignacio Urrutia, dijo que si Cariola retira su propuesta, él hará lo
mismo. “La reconciliación tiene que venir de todos lados” afirmó el diputado,
quien junto a Gustavo Hasbún y Jorge Ulloa impulsan que se castigue con
presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM (Unidad Tributaria
Mensual, cerca de 4300 pesos argentinos) a quien reivindique a Allende.
La nieta del líder socialista y diputada Maya
Fernández calificó de absurda y de falta de respeto la propuesta de sus pares
de la UDI. “Me parece una falta de respeto comparar un gobierno democrático
elegido en las urnas por los ciudadanos con una dictadura donde se violaron los
derechos humanos.”
Ernesto Lejderman, hijo de desaparecidos del
pinochetismo, dijo a Página/12 que esa iniciativa le recuerda que en 2014
familiares de las víctimas lograron frenar el intento de la UDI de rendir
homenaje a Pinochet. “Planteamos que era una situación de apología al terrorismo
de Estado y que no se podía homenajear a un genocida en el mismísimo Parlamento
chileno.” Lejderman analizó la complejidad del caso chileno. “En Chile todo se
ve desde la óptica del poder que tuvo la dictadura de más de 17 años, y que se
afianzó en el poder fáctico muchos años más: Pinochet fue senador vitalicio y
al día de hoy los militares tienen pensiones entre cinco y diez veces más
importantes que las de un ciudadano medio chileno. El ejército recibe una
porción importante de las regalías de Codelco (Corporación Nacional del
Cobre).”
Desde Chile Vamos, la coalición a la que pertenece
UDI y Renovación Nacional (RN), el presidente de RN, Cristián Monckeberg,
descartó que la oposición apoye la propuesta en la Cámara baja. “La coalición
tiene objetivos políticos mirando hacia adelante y no está pensando en meter
preso a unos u otros porque levantan banderas de determinados líderes
históricos del país.”
El abogado de derechos humanos Héctor Salazar
Ardiles dijo a este diario que el proyecto de la UDI es “políticamente inviable
en Chile”. “Estos tres congresistas le han abierto un flanco de críticas a su
sector, el cual en el presente buscar rearmarse en una nueva alianza que quiere
apartarse lo más posible de la sombra de Pinochet. La derecha política que busca
hacerle creer a los chilenos de sus credenciales democráticas ha quedado en una
posición muy incómoda y no puede explicar cómo da cabida a personajes como
estos tres diputados.”
El gobierno de Michelle Bachelet ha dado señales de
querer avanzar con la justicia por los crímenes cometidos durante el
pinochetismo. Por ejemplo, tipificó la tortura como delito en la legislación
nacional. Pero en Chile sigue abierto el penal de Punta Peuco, donde están
detenidos militares y policías condenados por violaciones a los derechos
humanos, pese a que familiares de las víctimas piden que se los traslade a una
cárcel común y que no gocen de privilegios.
Y aún no se deroga el decreto-ley de Amnistía de
1978, en agenda en el gobierno de Bachelet. Hay quienes alegan que la amnistía
no es más que una norma que lleva muchos años sin utilizarse, y en parte es
así: en 1998 la Corte Suprema resolvió que la ley no debía aplicarse a casos de
violaciones de derechos humanos.
Tal decisión permitió el avance de investigaciones
cruciales sobre desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales.
El abogado Salazar Ardiles adscribe a esa postura.
“La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de Justicia ya se ha
uniformado hace bastante tiempo en el sentido de ignorar ese decreto e ir
avanzando.” Y agrega una reflexión: “Pienso que nuestros tribunales en esta
materia han sido mucho más decididos que las autoridades democráticas
responsables de nuestro proceso de transición, las cuales han operado con el
criterio fijado por el presidente Aylwin quien señaló en su momento que
tendríamos justicia ‘en la medida de lo posible”. Sin embargo, la actual
presidente Michele Bachelet piensa diferente. Para ella la amnistía forma parte
de la pesada herencia aún vigente constitución pinochetista, al igual que el
sistema bipartidista, la educación como bien de mercado o el sistema
previsional privado. Los sucesivos gobiernos democráticos eludieron una
discusión sobre la vigencia de la amnistía hasta que en 2014 Bachelet propuso
un proyecto ley para derogarla. El proyecto lleva más de dos años debatiéndose
en el Congreso y su futuro es incierto.
A casi 43 años del golpe de Estado en contra de
Allende, persisten en Chile resabios del pinochetismo, resabios que reclaman
mensajes claros y sobre todo las acciones de la clase política para seguir
avanzando en el camino de la Verdad y la Justicia.
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