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| (Foto: Internet) |
O novo presidente continua governando por decreto e
sem chamar o Congresso (que está em recesso). (...) Como o governo pode
convocar o Congresso para sessões extraordinárias e não o faz, está claro que
se trata de "queremos governar por decreto, por isso não temos
Congresso".
O governo está aproveitando para
"legislar" permanentemente por decreto, como se se tratasse dum
governo de exceção.
Por Roberto
Follari (acadêmico argentino) - reproduzido do jornal equatoriano El
Telégrafo (empresa pública do governo federal), edição digital de
25/12/2015 (em espanhol)
El gobierno macrista
reprimió duramente, con balas de goma y chorros de agua fría lanzados desde un
monumental operativo de Gendarmería, a los trabajadores de la empresa Cresta
Roja. Estos habían cortado la autopista Richieri, que lleva al aeropuerto
internacional de Ezeiza. Fue una violencia contra la protesta social que no se
vio nunca en la política del gobierno nacional de los últimos doce años (sí la
hubo por parte de algunos gobiernos provinciales, de manera excepcional).
Se trata de un cambio
drástico de la política ejercida desde el Estado.
A mediodía del martes, la vicepresidenta Michetti se ufanó de que la Gendarmería había hecho lo que debía, y que así se seguiría actuando en el futuro frente a la difundida metodología del corte de rutas. A la tarde, muchas pantallas de TV del país transmitían imágenes de la represión, y de los varios heridos que mostraban las marcas de las balas de goma. Los trabajadores seguían al lado de la ruta, los gendarmes permanecían en su actitud amenazante. La tensión subía, de modo que el gobierno intervino y -rectificando el triunfalismo primario de mediodía- decidió otorgar $6000 para cada trabajador involucrado (unos 460 dólares) hasta tanto se arregle el conflicto. Ese dinero, con el cual en Argentina se compra mucho menos que en Ecuador, muestra que el gobierno tuvo que cambiar forzadamente su respuesta al reclamo; pero también, que la represión seguirá siendo la respuesta primera y esperable hacia la protesta social.
A mediodía del martes, la vicepresidenta Michetti se ufanó de que la Gendarmería había hecho lo que debía, y que así se seguiría actuando en el futuro frente a la difundida metodología del corte de rutas. A la tarde, muchas pantallas de TV del país transmitían imágenes de la represión, y de los varios heridos que mostraban las marcas de las balas de goma. Los trabajadores seguían al lado de la ruta, los gendarmes permanecían en su actitud amenazante. La tensión subía, de modo que el gobierno intervino y -rectificando el triunfalismo primario de mediodía- decidió otorgar $6000 para cada trabajador involucrado (unos 460 dólares) hasta tanto se arregle el conflicto. Ese dinero, con el cual en Argentina se compra mucho menos que en Ecuador, muestra que el gobierno tuvo que cambiar forzadamente su respuesta al reclamo; pero también, que la represión seguirá siendo la respuesta primera y esperable hacia la protesta social.
Mientras, se sigue
gobernando por decreto y sin llamar a sesionar al Congreso. La justificación
del ministro Garavano es un paralogismo pasmoso: "como no tenemos
Congreso, debemos gobernar por decreto". Pero como el gobierno puede
llamar al Congreso a sesiones extraordinarias y no lo llama, está claro que se
trata de "queremos gobernar por decreto, por eso no tenemos
Congreso". Es de Ripley el otro razonamiento ministerial, por el cual se
dice que las leyes anteriores del Congreso deben ser revocadas por decreto,
porque su aceptación fue "irregular". ¿Qué habría sido lo
"irregular"? Que se dieron con mayoría propia en el Congreso, por
parte de la bancada ligada al anterior gobierno. Es decir: lo democrático y
acorde a la norma, para el ministro es "irregular". De modo que,
según su particular argumento, la decisión legislativa debe ser reemplazada por
decretazos inconsultos. El mundo al revés.
El efecto de esto es
la impensable designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto, ya
rechazada por un juez (decisión que Macri se permitió decir que "no sabe
si es legal", en franco desconocimiento de la independencia del Poder
Judicial). Ahora se echa a Sabbatella del AFSCA -organismo de aplicación de la
Ley de Medios Audiovisuales-, mediante intervención y por decreto, en virtud de
la "legalidad" de otro decreto reorganizador de los ministerios, el
cual - como es obvio - ningún Congreso votó.
Mientras, el macrismo
quiere dirigir la comisión legislativa que debe controlar la constitucionalidad
de los decretos emitidos, lo cual repugna a cualquier noción razonable de que
el control no lo debe ejercer el mismo que ha de ser controlado. Esa comisión
debe operar aunque el Congreso no esté sesionando, pero su primer reunión se
trabó, porque el macrismo habló de un inverosímil "acuerdo" con el
FpV para que el mismo macrismo dirija la comisión, acuerdo que el FpV "no
habría sostenido". Como se ve, no faltan argucias para obstaculizar el
funcionamiento de este organismo de control, cuya necesidad es evidente.
La mayoría de la
población aún no entiende mucho qué sucede; la devaluación fue notoria, pero
los precios ya habían subido antes previniéndola, de modo que su efecto sobre
los precios es notorio, pero no enorme. Por tanto, se vive un breve tiempo
"neutro" antes de las negociaciones paritarias, que está siendo
aprovechado por el gobierno para "legislar" permanentemente por
decreto, como si se tratara de un gobierno de excepción, o al que se hubiera
otorgado poderes plenipotenciarios; pero que sabe lucir un estudiado y
proclamado apego al diálogo y a la pluralidad.
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