OSCAR VALDERRAMA: “A SOCIEDADE COLOMBIANA É CONSCIENTE DE QUE A PAZ SE CONSTRÓI E NÃO SE ASSINA NUM PAPEL”

Oscar Carbonell Valderrama, advogado colombiano especialista em Direito Constitucional e com mestrado em Direitos Humanos e Democratização para América Latina e Caribe (Foto: Divulgação/El Telégrafo)

O especialista qualifica de significativos os acordos entre o governo colombiano e a guerrilha das FARC. E considera que não há possibilidade de que as negociações sejam frustradas. No entanto, observa que a assinatura dum acordo é um ponto de partida e não um ponto final.

Por Maximiliano Pedranzini – entrevista publicada no jornal equatoriano El Telégrafo (empresa pública do governo federal), edição online de 01/11/2015 (em espanhol, com traduções pontuais)

Se ha tornado (Tornou-se) difícil hacer una evaluación precisa respecto a la situación que atraviesan las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde que se iniciaron en noviembre de 2012. Cualquier lectura será sin duda parcial a la luz de los hechos (sem dúvida parcial à luz dos fatos), pero que ayudará a comprender más detenidamente una cuestión compleja como es la búsqueda (a busca) de una salida pacífica a un conflicto que tiene décadas.

Para tener un juicio más claro sobre este tema, dialogamos con el abogado colombiano Oscar Carbonell Valderrama, especialista en Derecho Constitucional y Magíster (mestre) en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, quien con una mirada aguda analiza la lógica del proceso de paz y sus derivaciones, y afirma que “los avances son tan importantes y sin precedentes que la firma (a assinatura) del acuerdo de paz no tiene marcha atrás”.

“Cada vez la sociedad colombiana es consciente de que la paz se construye y no se firma en un papel”, sostuvo el abogado, quien ve con buenos ojos el desarrollo (com bons olhos o desenvolvimento) de las negociaciones, de las que no considera vayan a frustrarse. Asimismo, asevera que es factible una salida que lleve a buen puerto esta trama de negociaciones y que un “acuerdo de paz definitivamente salvaría miles de vidas, no solamente porque ya no se perderían vidas en confrontaciones armadas sino en conflictos netamente (tipicamente) políticos”.

¿Cree que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC han logrado avances significativos en el proceso de paz desde que comenzaron las negociaciones?

Los avances en los diálogos de paz sí han sido significativos tanto como el apoyo que han recibido por parte de la comunidad internacional. Aunque la regla de oro de los diálogos es “nada está acordado hasta que todo esté acordado” los avances son tan importantes y sin precedentes que la firma del acuerdo de paz no tiene marcha atrás. No solamente se debe evaluar (avaliar) el diálogo por sí mismo sino por el apoyo que recibe por parte de la comunidad internacional. Mientras (Enquanto) que el Gobierno de Estados Unidos nombró (nomeou, designou) a un “enviado especial para los diálogos de paz”, todos los gobiernos de Latinoamérica sin excepción han expresado su apoyo incondicional, sin dejar a un lado el apoyo expreso de la Unión Europea. Aunque el cesse (cessar) unilateral de hostilidades decretado por las FARC y el anuncio del presidente Santos de no bombardear es un cese bilateral tácito, lo que ha bajado las estadísticas de acciones violentas a mínimos comparables con las de hace 30 años, otro punto de acuerdo es el que se lleva todas las miradas. Un punto de inflexión era el tema de justicia, pues era considerado por los analistas como el punto más difícil para llegar a un acuerdo. Ahí estuvo el mayor esfuerzo de la comunidad internacional, pues zanjar (superar, acertar) el tema de justicia llevaría a un punto de no retorno en los diálogos. No en vano fue (Não em vão foi) el punto que más publicidad recibió cuando se concertó y obligó a un estrechón de manos (aperto de mãos) histórico entre el presidente Santos y el jefe de las FARC alias (codinome) ‘Timochenko’. Se puede aseverar que ahora la regla de oro de los diálogos podría ser que la firma del acuerdo es inevitable, pues “aunque todo no está acordado lo fundamental ya está acordado”.

Con el auge de los movimientos democráticos y populares en América Latina, la presencia de guerrillas se ha tornado (se tornou) de alguna manera incompatible con el cambio (com a mudança) de época que atraviesa la región. ¿Piensa que este proceso de paz es un paso natural hacia la disolución de la última y más importante guerrilla que tiene nuestro continente?

Más de 50 años pasaron para que la sociedad colombiana comprendiera que no se puede hacer política con las armas. El presidente Santos fue elegido porque prometió darle continuidad a la vía militar para derrotar a las guerrillas, promesa de campaña de su antecesor que lo ungió como el heredero (o herdeiro) de “la política de seguridad democrática”. Su predecesor, tal como se ha demostrado en los estrados judiciales, llegó al poder poniendo en práctica un anhelo truncado de la izquierda armada colombiana: “la combinación de todas las formas de lucha para llegar al poder”. Lo anterior no es más que hacer política a través de las armas. Los grupos paramilitares (que son grupos de derecha armada) combinaron armas y política, fenómeno político-militar que se conoce con el nombre de “para-política”. Hoy están en la cárcel decenas de congresistas, diputados, concejales, alcaldes (vereadores, prefeitos) y gobernadores por hacer política de la mano de grupos paramilitares. El presidente Santos ahora fue reelegido por el anhelo de paz de la sociedad colombiana que pasa por una certeza: “la solución al conflicto armado es garantizar el debate político sin armas”. La existencia de la izquierda armada durante décadas ha dado al traste con los anhelos (tem destruído os anseios) de poder de la izquierda democrática que rechaza el uso de las armas, pues tanto la derecha armada como la desarmada estigmatizó siempre a la izquierda sin distinción, justificando así la persecución judicial, incluso la eliminación física de la izquierda en Colombia (como le sucedió al partido de izquierda Unión Patriótica, cuyo exterminio se considera un genocidio). Una de las mayores exigencias que las FARC le hace al Estado colombiano es el desmonte de las estructuras paramilitares que todavía (ainda) están incrustadas en los mismos cimientos (alicerces) del Estado. No es una coincidencia que las colectividades políticas que encarnan los ideales del paramilitarismo sean acérrimas opositoras a los diálogos de paz. Dado que su lucro político se basa (se baseia) en el uso en su discurso cotidiano de un gran y monstruoso enemigo llamado “guerrilla”, saben muy bien que se enfrentan a una inexorable extinción si los diálogos de paz tienen éxito. No tendrán razón de existir si su gran enemigo político desaparece de la escena. Curiosamente, la coyuntura histórica le da hoy a la izquierda armada la oportunidad de “acabar” políticamente con la derecha armada y sus usinas políticas; esta vez no es con el uso de las armas precisamente, es con la entrega de las mismas.

Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC llevan casi tres años, ¿estamos ante la presencia de un acuerdo o (ou) ante el frustrado final de las negociaciones?

La duración de los diálogos de paz es relativamente poca, por ejemplo, comparada con la duración de los diálogos en Sudáfrica (África do Sul), Irlanda del Norte o (ou) Guatemala que duraron más de 5 años. Hoy la firma del acuerdo de paz tiene una fecha (data) límite: 23 de marzo de 2016. De ahí que no haya posibilidad de que las negociaciones se frustren. No obstante, la firma de un acuerdo es un punto de partida y no un punto final. Cada vez la sociedad colombiana es consciente de que la paz se construye y no se firma en un papel. Las personas escépticas (céticas) señalan que las FARC y el ELN (Exército de Libertação Nacional – outro grupo guerrilheiro) se convertirán en nuevos grupos criminales como sucedió con los grupos paramilitares. Sin embargo, olvidan que mientras (No entanto, esquecem que enquanto) los grupos paramilitares firmaron un acuerdo de paz como consecuencia de un diálogo netamente jurídico encaminado al sometimiento de sus miembros a la justicia, los diálogos con la guerrilla han sido desde el principio preponderantemente políticos, en donde se debaten temas como la transformación del agro, el desarrollo (desenvolvimento) rural, la participación política, etc. Que los diálogos sean  más políticos que jurídicos permiten que las tres ramas del Estado se comprometan a la construcción de las garantías para una paz duradera. Precisamente, las garantías de cumplimiento de los acuerdos con los grupos paramilitares, por haber sido un diálogo netamente jurídico, quedó (ficou) solamente en manos de la rama judicial; por lo que el ejecutivo, por ejemplo, se desmarcó de sus compromisos y extraditó a la mayoría de la cúpula paramilitar cuando políticamente comenzó a ser incómodo para el gobierno, coincidentemente cuando comenzó a contar su verdad en los estrados judiciales.

¿Una eventual pena para la guerrilla es lo que mantiene trabado el proceso de paz?

Con el acuerdo en el punto de justicia tanto las FARC como el Estado colombiano aceptan que los miembros de los dos bandos (dois lados) que estén involucrados en graves violaciones de derechos humanos recibirán una pena. Precisamente la controversia no está en la existencia de penas sino en su cumplimiento en condiciones ordinarias (cárcel) o (ou) en condiciones especiales. El acuerdo, o (ou) más bien, el comunicado de prensa sobre el acuerdo, trata sobre un esquema de incentivos para que las personas involucradas en graves crímenes cuenten la verdad en los estrados judiciales. Pero hay más aún, pues este acuerdo, por primera vez en la historia de diálogos de paz en Colombia, llevaría a agentes del Estado a contar su verdad judicial. Lo que aún es una especulación y que causa más controversia es si los altos mandos civiles y militares van a someterse (vão se submeter) al proceso penal especial que se crearía para tal propósito. Uno de los graves crímenes que se investigarían y juzgarían en la jurisdicción especial de paz serían las ejecuciones extrajudiciales bajo (sob) la modalidad de “falso positivo” (homicidios de personas fuera de combate y presentados sus cuerpos ante los superiores jerárquicos y/o los medios de comunicación como de guerrilleros, paramilitares, extorsionistas y atracadores “muertos en combate”). No se debe olvidar que estos homicidios se incrementaron drásticamente en todo el país desde el año 2006 hasta el año 2008, justamente cuando le Ministro de Defensa era el actual Presidente Santos. De acuerdo a lo anterior, cabe preguntarse si el entonces Ministro de Defensa se sometería (se submeteria) a la jurisdicción especial de paz.

¿Existen garantías por parte del gobierno colombiano para que los miembros de las FARC no sean extraditados a EE.UU. en el caso de que un juez de ese país lo solicite?

El hecho (O fato) de que el año pasado se llegara a un acuerdo en el punto tercero de la agenda llamado “punto sobre el narcotráfico” de por sí es una garantía frente a la extradición, pues se habla del narcotráfico “en función de la rebelión”. Lo anterior no es más que el primer paso de un acuerdo político que crea un nexo entre el delito de narcotráfico con el delito de rebelión. Por supuesto, dicha conexidad es una garantía fundamental contra la extradición. Otra garantía, no menos importante, es que los diálogos de paz tienen un enviado especial del gobierno de los EE.UU. que prácticamente le da un visto bueno (avaliza, endossa) a la precitada conexidad. No se debe olvidar que en EE.UU. la fiscalía (a promotoria, procuradoria) hace parte de la rama ejecutiva.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué consecuencias cree que traerá (trará) un posible acuerdo de paz para Colombia y la región?

Solamente en cinco meses de suspensión de las acciones armadas realizada por las FARC se salvaron centenares de vidas. Un cese bilateral de las hostilidades salvaría muchas más. Pero un acuerdo de paz definitivamente salvaría miles de vidas, no solamente porque ya no se perderían vidas en confrontaciones armadas sino en conflictos netamente políticos. La política sin armas incentivará la participación política y fortalecerá a los movimientos sociales diezmados (dizimados) consuetudinariamente a través de la estigmatización que justifica su persecución judicial y el exterminio físico. La ampliación de la participación política, por ejemplo, aumentaría la posibilidad de que las luchas de los movimientos sociales se concentren no exclusivamente en la garantía de la vida misma sino en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales que permiten vivir la vida en condiciones dignas. Por ejemplo, la participación política aumentará la posibilidad de un cambio (duma mudança) en la política macroeconómica del país, signada por el neoliberalismo que aplicado al sistema de salud (saúde) provoca más muertes que el mismo conflicto armado interno, pues la salud en Colombia hoy es considerada un servicio más no un derecho fundamental; de ahí que los pobres sean excluidos de atención médica respetuosa de la dignidad humana. También permitiría cambiar (mudar) el modelo extractivista de desarrollo (desenvolvimento) económico que pone en riesgo las fuentes de agua y el ecosistema que le pertenece a la humanidad y no solamente a los colombianos. La política sin armas abre la posibilidad de que en Colombia exista una democracia material que redundará en la convivencia pacífica en Latinoamérica.

Traduções pontuais: Jadson Oliveira