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| O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, o mandatário de Cuba, Raúl Castro, e o chefe das FARC, Timoleón Jiménez (Timochenko) (Foto: AFP/El Telégrafo) |
Confusión en Colombia por propuestas mínimas para la paz
Discussão entre governo, guerrilha e oposição política
A demora para publicação do texto final tem provocado que as FARC e setores da oposição ao governo de Santos tenham posturas divergentes que conturbam o ambiente.
Por Gustavo Veloza Posada, no jornal equatoriano El Telégrafo (empresa pública do governo federal), edição digital de hoje, dia 10 (em espanhol)
Las 10 propuestas mínimas, que a mediados de septiembre pasado firmaron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timoleón Gómez, ‘Timochenko’, han creado confusión entre los colombianos ya que no se conoce el texto final, que aún se encuentra en plan de redacción y ajuste.
Esta demora ha provocado que las FARC y sectores de la oposición al gobierno de Santos tengan posturas divergentes que enrarecen el ambiente del proceso.
A esta situación se suma que todavía no se han definido los nombres de los magistrados que harán parte del tribunal de paz, que será el encargado de establecer los mecanismos de justicia a que se someterán los guerrilleros.
Además, en los últimos días se añadió una propuesta de las FARC para que la paz en Colombia tenga una “vigencia mínima de 10 años” y que forme parte del acuerdo definitivo adoptado entre la guerrilla y el Gobierno colombiano.
“El futuro Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz (Planpaz) tendrá origen constitucional y será desarrollado mediante una ley de carácter especial que tendrá una vigencia mínima de 10 años”, señaló la insurgencia.
Según el texto, el proyecto estará conformado por programas derivados del “conjunto de acuerdos pactados” en el proceso de conversaciones de paz que las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos iniciaron en noviembre de 2012 en la capital cubana, sede permanente de los diálogos.
Planpaz
El Planpaz tendrá también un “plan financiero” y un “plan plurianual de inversiones”, y será diseñado, seguido y evaluado por una comisión nacional integrada por “representantes del Gobierno de turno” y miembros de las FARC o del “movimiento político que emerja de ellas”, añadió la guerrilla.
Las iniciativas incluyen además la creación de un “fondo nacional”, la definición de “territorios especiales” para la paz, la “formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales” necesarios para la nueva etapa y la transformación de las FARC en “movimiento político”.
Estas iniciativas contemplan además la redefinición de la política de seguridad del Estado colombiano, el “desmonte” de “estructuras criminales de contrainsurgencia”, así como el esclarecimiento” y desarme del paramilitarismo.
La guerrilla también propone la implementación de garantías de seguridad para el movimiento político en que se convertirá las FARC, el cese bilateral del fuego y la dejación definitiva de las armas.
Acusaciones
Sin embargo, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, señaló que las FARC faltan a la verdad cuando hablan de los temas alcanzados en el Acuerdo sobre Justicia Transicional, texto que -según el Gobierno- aún no está concluido.
“El Gobierno está comprometido en su cumplimiento y honra su palabra en tal sentido. El Gobierno considera que el trabajo de la comisión de juristas representa un trabajo significativo”, dijo el vocero del Gobierno.
Este duro pronunciamiento se conoce luego de que las FARC instaron al Gobierno a cumplir la “palabra empeñada” sobre el acuerdo de justicia y los plazos para alcanzar la paz, tras advertir que “obstrucciones artificiales” y “medidas unilaterales” ajenas a la guerrilla pueden entorpecer ese proceso.
En ese sentido, De la Calle manifestó que la arremetida de las FARC es injustificable y que lo importante ahora es esclarecer los puntos principales que el Gobierno no ha aceptado.
“No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistías. El alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisados. Insistimos en que hay interpretaciones del abogado de las FARC sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”, agregó.
Puntualizó además que el tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto y tiene que ser objeto de decisiones en Colombia, por parte de las autoridades competentes.
“La elección de los magistrados por parte del tribunal de paz no ha sido acordada y el Gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente el grupo de juristas para tratar esas serias preocupaciones y las FARC se han negado”.
Como si esto no fuera suficiente, a este ruedo también saltó el controvertido procurador general, Alejandro Ordóñez, quien dijo que la amnistía que contempla el acuerdo sobre justicia que se firmó con las FARC, y que se aplicará solo a guerrilleros, también beneficie a los otros actores que de alguna forma hicieron parte del conflicto armado, como empresarios, políticos y militares.
Ordoñez reiteró sus críticas a este acuerdo sobre justicia porque a pesar de que su desarrollo pretende cumplir los estándares internacionales en materia de justicia transicional, según él se queda corto en aspectos como la privación efectiva de la libertad para los integrantes de las FARC responsables de delitos de lesa humanidad.
El acuerdo firmado en La Habana indica que “el componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra”.
A su turno, la exfiscal l y senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, dijo “que la amnistía y el indulto se proponga solo para delitos políticos y conexos es porque así lo exige la Constitución de este país”. Añadió: “Lo que veo ahí es que el Procurador está buscando que hay realmente una solución de punto final, que cobije a todos los actores del conflicto, pero entonces para eso es bueno que lo pongamos claro sobre la mesa. Ellos han criticado todo el tema de las negociaciones de paz, pero ya viene una propuesta constructiva de parte de ellos, y es que los que se oponen a la paz dicen ‘entonces que no solamente sea amnistía e indulto para los guerrilleros sino que también vaya a los empresarios, los ganaderos, los agricultores que auspiciaron o financiaron al paramilitarismo o los sectores políticos que estuvieron con el paramilitarismo”.
Por su parte el exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, dijo que aún no se conoce la totalidad del acuerdo sobre justicia firmado en La Habana, no obstante señaló: “Cuando eso se vaya al Congreso, que se vayan a refrendar esos acuerdos, pues el Congreso tiene que cumplir unos parámetros, y es la igualdad de todos frente a la ley. Pero creo que es prematuro decir que se haga extensivo a personas que no están sentadas en la mesa”. Añadió que hay que esperar que los acuerdos lleguen al Congreso y “si se trata de hechos similares que no sean de lesa humanidad y que no vayan a propiciar la impunidad, pues no vería problema que se haga extensivo”.
En tanto que el ex comisionado de paz, Camilo Gómez, dijo que en materia de amnistías e indultos “hay que armonizar tanto le legislación interna como la internacional, que entre otras cosas hace parte del bloque de constitucionalidad de la legislación colombiana”.
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