 |
| Policiais vigiam a área onde os militares atacaram civis no estado de Michoacán (Foto: EFE/Página/12) |
A Comissão
Nacional de Direitos Humanos busca determinar a responsabilidade dos militares no
assassinato de um menino de 12 anos num ataque contra a população civil em
Michoacán. O caso se soma a vários outros.
Por Gerardo
Albarrán de Alba, da Cidade do México – no jornal argentino Página/12, edição impressa de ontem,
dia 21 (em espanhol, com traduções pontuais)
El ejército mexicano es
investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el
asesinato de un niño (de um menino) de 12 años en un ataque contra población
civil en el estado de Michoacán, en la costa sudoeste del Pacífico, y por la
desaparición de al menos siete (7) civiles en el estado de Zacatecas, en el
centro del país, durante el pasado proceso electoral del 7 de julio, cuyos
cadáveres fueron localizados días después. La CNDH ha desplazado a visitadores
y (deslocou visitantes e) peritos desde el Distrito Federal para revisar la
actuación de los militares y de las autoridades locales y federales en ambos
casos.
La participación de
elementos del ejército en violaciones de derechos humanos ha polarizado al
país, luego de la desaparición (depois do desaparecimento) de 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, y la
ejecución sumaria de 22 personas en Tlatlaya, en el estado de México, apenas
tres meses antes, el 30 de junio. La reacción internacional por estos crímenes
aún sostiene (continua mantendo) la presión sobre la administración del
presidente Enrique Peña Nieto, que se encuentra en su punto más bajo de
credibilidad, no sólo por la sistemática violación de derechos humanos, como
acusó un informe del Departamento de Estado en Washington, sino por el ridículo
mundial que le ha significado la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del
Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, apenas hace 10 días.
Dos (2) casos más vuelven (Mais
dois casos voltam) los reflectores hacia el ejército mexicano. A media tarde
del domingo pasado, una partida (uma patrulha) militar atacó a comuneros de
Ostula en la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila, Michoacán, y asesinó
a un niño (um menino) de 12 años, hirió a otros dos (feriu outros dois) menores
de edad y a dos (2) adultos, luego (depois) de que por la mañana las fuerzas
armadas detuvieron al líder de autodefensas de las regiones Costa-Sierra, Semeí
Verdía Zepeda, a quien según la Procuraduría General de la República se le
encontró en posesión de un arsenal y se le investiga por delitos electorales
supuestamente cometidos el pasado 7 de junio.
Unos 300 simpatizantes de
Verdía Zepeda organizaron un bloqueo en la carretera (na estrada) entre el
puerto de Lázaro Cárdenas y el estado de Colima. Los militares llegaron poco
antes de mediodía e intentaron detener a otros dirigentes comuneros. En
respuesta, la comunidad retuvo a varios soldados, a quienes llevaron hasta la comunidad
de Ixtapilla. Hasta allá llegó el ejército, abrió fuego sobre la población
civil, asesinó a un niño de 12 años, Iriberto Reyes García, e hirió a otros dos
(e feriu mais dois) menores de edad: Jeini Natali Pineda Reyes, de 6 años, y
Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17. También fueron heridos de bala Melesio
Cristino Dirsio, de 60 años, y Horacio Valladares Manuel, de 32. Todos fueron
trasladados a un hospital de Tecomán, en la vecina provincia de Colima.
Mientras (Enquanto) ocurría
el enfrentamiento, el gobierno del estado negó que estuvieran ocurriendo esos
hechos (estes fatos). Mediante un mensaje de grupo en WhatsApp se aseguró que
“ni las dependencias federales ni estatales (nem estaduais), encargadas de las
áreas de seguridad, tienen reportes de hechos (têm informes sobre fatos) violentos
en esa zona del estado”. En el caso de las personas desaparecidas en el estado
de Zacatecas, la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció
“indicios” de la participación del 97 batallón de infantería que detuvieron a
siete (7) jóvenes, cinco hombres y dos (2) mujeres, en una vivienda (numa casa)
del municipio de Calera. Nada volvió a saberse de ellos, sino hasta 11 días
después, cuando encontraron sus cadáveres en el vecino municipio de Jerez, ya
muy cerca (já muito perto) de la capital del estado. Todos presentaban signos
de tortura y tiro de gracia (sinais de tortura e tiro de misericórdia). La
Procuraduría de Justicia Militar emitió un comunicado en el que informa que
“identificó indicios de una probable participación de personal militar”.
Comentários