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| Choques entre policiais e manifestantes em Mollendo, província de Islay (Foto: Página/12) |
Humala autoriza a participação de militares para tentar frear um violento conflito em área de mineração: numa resolução suprema firmada pelo presidente, o governo manda os militares em apoio à Polícia Nacional, com o fim de evitar mais mortes, que já somam quatro desde 23 de março.
Matéria do jornal
argentino Página/12, edição impressa
de hoje, dia 10 (em espanhol, com traduções pontuais)
El gobierno
peruano ordenó la intervención de las fuerzas armadas en la provincia de Islay,
al sur del país, donde ayer (ontem) murió un policía en las protestas contra el
proyecto minero (de mineração) Tía María. En una resolución suprema firmada por
el presidente Ollanta Humala, el gobierno autorizó la participación de los
militares en apoyo a la Policía Nacional, del 9 de mayo al 7 de junio, con el
fin de evitar más muertes por las protestas, que ya suman cuatro desde que se
iniciaron el 23 de marzo.
La decisión del
Ejecutivo fue una respuesta a la muerte del policía Alberto Vásquez, de 55
años, quien murió ayer (ontem) por la madrugada en un hospital en la ciudad de
Arequipa, la capital regional. El efectivo perdió la vida a causa de una
fractura en el cráneo tras (após) un ataque de manifestantes en el puerto de
Mollendo. En las semanas previas murieron dos (2) manifestantes, uno víctima de
una bala de fusil disparada por la policía y el otro, según la versión oficial,
por un perdigón de plomo (bala de espingarda) que no usan los uniformados,
aunque los huelguistas (grevistas) culpan a la policía. También se reportaron
unos 240 civiles y policías heridos (feridos) y daños materiales como la quema
de vehículos privados. La protesta generó el cierre de los negocios (fechamento
das casas comerciais) y la suspensión de las clases (aulas) escolares en la
zona desde hace semanas.
La resolución
presidencial, publicada ayer en el diario (ontem no jornal) El Peruano ordenó
la intervención de las fuerzas armadas “en apoyo de la Policía Nacional, con el
fin de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”. El ejército
también deberá “evitar actos de violencia o (ou) cualquier otro acto ilícito
que se pudiera cometer en ocasión de las movilizaciones” en Islay, donde las
protestas contra la actividad minera (de mineração) derivaron en un paro (numa
paralisação) que ya lleva 48 días. El texto señala también que el rol (o papel)
de los militares se centrará en “garantizar la plena vigencia del derecho a la
libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y
carreteras (estradas), el derecho a la paz y el adecuado funcionamiento de los
servicios públicos esenciales”.
El ministro del
Interior, José Luis Pérez Guadalupe, viajó ayer (ontem) mismo a Islay para
supervisar la llegada de los militares. “El presidente Humala ha tomado esta
decisión para que las fuerzas armadas puedan colaborar con la policía para
también cuidar instalaciones básicas”, dijo Pérez Guadalupe, quien el viernes
pasado (na última sexta-feira) aprobó el envío de 2000 agentes policiales a
Islay para reforzar la seguridad. El ministro afirmó que la policía seguirá
teniendo el control en la zona mientras (enquanto) no se declare el estado de
emergencia. “El decreto legislativo 1095 faculta el apoyo de las fuerzas
armadas a la policía cuando ésta se vea sobrepasada en su capacidad de control del
orden interno. Decretar el estado de emergencia es ya la última medida”,
explicó Pérez Guadalupe.
Por su parte,
el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, afirmó que el gobierno baraja (estuda)
la posibilidad de decretar el estado de emergencia en Islay. “Confiamos en que
este paso sea persuasivo y suficiente antes de dar el siguiente paso”, afirmó
el ministro.
Tanto Pérez
Guadalupe como Adrianzén atribuyeron la muerte del policía al presidente del
Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez. La acusación radica
en la difusión de una conversación telefónica donde presuntamente aseguraba
levantar la protesta a cambio (em troca) de una suma económica. Por su parte,
Gutiérrez consideró que la decisión de llevar a las fuerzas armadas para
colaborar con la policía contradice lo expuesto por el jefe de Gabinete, Pedro
Cateriano, cuando dijo que un proyecto no se puede imponer a la fuerza. “La
presencia militar genera la apariencia que puede imponerse el proyecto a sangre
y fuego. Obviamente, no tenemos un estado de emergencia, no se levantaron las
garantías constitucionales, pero de todas maneras la presencia del ejército
cuidando instituciones tutelares genera preocupación”, afirmó.
El proyecto
minero Tía María, que podría producir 120.000 toneladas de cobre, es un plan
que lleva varios años retrasado debido a las protestas. En el 2011, tres
personas murieron también por choques con la policía, y el gobierno ordenó a la
firma (à empresa) en ese momento un nuevo estudio de impacto ambiental, que fue
aprobado el año pasado. La minera mexicana Southern Cooper, que afirmó que el
emprendimiento no dañará el medio ambiente porque usará agua marina para
desarrollar (explorar) la mina, espera ahora la licencia del gobierno para
comenzar a desarrollar (desenvolver) su plan. El gobierno de Humala creó una
mesa de diálogo entre autoridades, agricultores y representantes de la empresa
para encontrar una salida al conflicto, pero los dirigentes antimineros dieron
abandonaron las negociaciones.
Tradução (parcial): Jadson Oliveira
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