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| O Estado é que financiará o trabalho dos partidos”, afirmou a presidenta (Foto: AFP/Página/12) |
Bachelet anunciou um
plano anti-corrupção que procura recuperar a confiança: “As empresas não poderão
fazer contribuições de qualquer tipo. A transgressão dessas normas será
considerada delito”, destacou a mandatária chilena. E exigiu agilizar a discussão
do projeto que limita a reeleição indefinida.
Matéria do jornal
argentino Página/12, edição impressa
de ontem, de 30 (em espanhol)
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció
un plan anticorrupción para la política y los negocios, que buscará marcar un
punto de inflexión ante la crisis de confianza que golpea al país. Las medidas
apuntan a terminar con los casos de fraude fiscal para financiar campañas
políticas, además del tráfico de influencias en los que se vieron involucrados
dirigentes políticos de todas las tendencias, incluido su hijo, Sebastián
Dávalos. Además, Bachelet exigió agilizar la discusión de los proyectos de ley
que limitan la reelección indefinida de senadores, diputados y otras
autoridades locales elegidas por voto popular y que buscan garantizar el
desempeño honesto de los políticos.
En un mensaje
transmitido en la noche de anteayer por cadena nacional, Bachelet anunció una
serie de medidas que contemplan la eliminación de entregas de dinero anónimas y
reservadas que reciben los candidatos para solventar sus campañas electorales.
“Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas
normas será considerada delito”, aseveró Bachelet. De este modo, los partidos
políticos que quieran recibir las aportaciones económicas correspondientes
tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros. “El
Estado será el que financie el trabajo de los partidos, y para eso tendrán que
cumplir con exigencias y controles claros”, dijo.
De igual
manera, advirtió que “todos aquellos representantes elegidos que vulneren la
confianza pública no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de
elección popular y perderán sus escaños”, dijo Bachelet. “Son medidas severas,
y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi
principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos
tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, afirmó la mandataria.
Por otro lado,
durante una breve ceremonia realizada en el Salón O’Higgins del Palacio La
Moneda, la mandataria requirió a los parlamentarios la discusión de los proyectos
de ley que fueron incluidos en el paquete de medidas anticorrupción que detalló
en su mensaje del martes por la noche. “Estoy convencida de que el
perfeccionamiento de la democracia es una tarea continua que no pertenece a un
mandato u otro, y esto supone un permanente diálogo entre miradas diversas y
una articulación de una suma de voluntades”, indicó.
Respecto del
fin de la reelección indefinida, como rige hoy, Bachelet planteó que los
senadores puedan ser ratificados por una sola vez, es decir por un máximo de 16
años, mientras que los diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales
lo puedan ser hasta dos veces, o un máximo de 12 años. “Una democracia moderna
significa mayor participación, alta transparencia, mejores partidos, un sistema
electoral representativo y también límites a la reelección de las autoridades”,
justificó Bachelet.
El segundo
proyecto enviado al Congreso establece un mecanismo de fideicomiso para
autoridades que tengan un alto patrimonio en acciones y valores. La propuesta
impide además que los funcionarios de la nación formen parte de empresas que
hacen negocios con el Estado. Si ése fuera el caso, tienen que vender su
participación. “Este proyecto de ley previene no sólo de mejor manera los
conflictos de interés de las autoridades públicas, sino que establece sanciones
más severas en caso de que se presenten. Primero, extiende, regula y aumenta
las declaraciones de intereses y patrimonios, haciendo más duras las sanciones
de quienes no cumplan con ellas”, explicó la jefa de Estado.
Bachelet
explicó que el gobierno tiene un plazo de quince días para dictar las medidas
administrativas, mientras que para los proyectos de ley cuentan con un plazo
máximo de 45 días para su debate en el Parlamento. “No hay más tiempo que
perder, y todos los diagnósticos y sugerencias están sobre la mesa. Nuestro
deber es que Chile tenga un sistema democrático moderno, de acuerdo con un país
que aspira a ser desarrollado”, sentenció.
Desde fines del
año pasado, la Fiscalía Nacional investiga traspasos irregulares por millones
de dólares de diversas empresas a políticos de distintos partidos, incluidos ex
candidatos presidenciales, senadores y diputados, para financiar sus campañas
electorales. Los más resonantes fueron los llamados casos Penta y Caval. El
primero involucra una supuesta red de fraude fiscal y el financiamiento de
campañas electorales a través de facturas falsas del grupo Penta, que sacudió
al partido de la derecha Unión Demócrata Independiente (UDI). Pero el caso que
más afectó a la imagen pública de la presidenta es el conocido como Caval, la
empresa de su nuera, que está siendo investigada por posible uso de información
privilegiada y tráfico de influencia tras la compra y venta de un terreno de 44
hectáreas. Un hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, participó personalmente en
la reunión que aseguró el crédito bancario usado en la operación y se vio luego
obligado a renunciar a las labores que su madre le había dado como director
sociocultural del gobierno.
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