 |
| “A busca foi sempre promovida pelos familiares”, afirma Alicia Lira Matus (Foto: Pablo Piovano/Página/12) |
Entrevista com Alicia Lira Matus,
presidenta da Agrupação de Familiares de Executados Políticos: ela afirma que em
Punta Peuco, onde está o ex-chefe da DINA (Diretoria de Inteligência Nacional –
o mais famoso centro de tortura durante a ditadura de Pinochet), Manuel
Contreras, os repressores têm privilégios. A representante dos defensores dos direitos
humanos espera que se aprove o projeto que anula a Lei de Anistia.
Por Mercedes López San Miguel, no jornal
argentino Página/12, edição impressa
de hoje, dia 16
No Chile as duas organizações
emblemáticas dos direitos humanos são Agrupação de Familiares de Detidos
Desaparecidos e Agrupação de Familiares de Executados Políticos. Alicia Lira
Matus, 65 anos, é a presidenta da segunda, por um terceiro período. Esta mulher
de baixa estatura e olhar piedoso é uma militante comunista e dirigente
sindical que lutou contra a ditadura (1973-1990). O regime pinochetista assassinou
seu marido Felipe Rivera, também militante comunista, e deteve seu irmão, que
sobreviveu.
“Quando matam meu companheiro eu
me incorporo à Agrupação de Familiares de Executados Políticos”, conta Lira
Matus, uma organização que nasceu em 1976 com o objetivo de denunciar o
terrorismo de Estado. “Minha situação repressiva começa em agosto de 1986. Prendem
meu irmão Diego Lira Matus. Felizmente o encontrei em La Serena, quando viram
que nós exigíamos que aparecesse. Esteve incomunicável durante um mês. Nesse
lapso, sequestraram meu companheiro Felipe. Saí em campanha pela liberdade dos
prisioneiros políticos.”
Continua em espanhol (com
traduções pontuais):
Desde entonces, Alicia Lira Matus trabaja por la verdad y la justicia de
las víctimas de su país. “En 2008 nos dimos cuenta, a partir de los informes
sobre Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) y sobre Prisión Política y Tortura
(Valech, 2004), de que había cientos (centenas) de casos impunes. Hemos
presentado 1.250 querellas, incluyendo casos de las fiscalías (das promotorias)
militares, ya que actuaron como juez y parte durante la dictadura.”
La cifra oficial en Chile es de 2.296 asesinados políticos, pero Alicia
Lira Matus asegura que son 3.000. Era un interés de la dictadura tergiversar el
relato, ocultar que había lanzado cuerpos al mar. “El cuerpo de la militante
comunista Marta Ugarte aparece en la playa La Ballena. Los militares trataron
de hacerlo pasar como un crimen pasional.”
Hay 262 represores procesados o (ou) condenados, incluido Manuel
Contreras, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la
policía secreta de Pinochet. “En Punta Peuco, donde está Contreras, los
militares tienen su baño, Internet, mejores condiciones que otros presos. Es
una cárcel con privilegios. Ellos tienen que ir a una cárcel común.”
Hace cinco años, el jefe del operativo que asesinó a su marido, Alvaro
Corbalán, fue condenado a diez años de prisión. Pero la mayoría de los
responsables de la muerte de Felipe Rivera recibieron penas remitidas (prisão domiciliar),
es decir, que la cumplen en sus casas con vigilancia. Ante esa situación, la
presidenta de Familiares de Ejecutados Políticos hizo un pedido a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la denegación de justicia (falta
de justiça) ante un crimen de lesa humanidad. “Lo secuestran, lo torturan, lo
matan y lo dejan tirado en la calle (na rua). No puede haber penas remitidas,
que ellos duerman tranquilos en sus casas, ya que se trata de un crimen de lesa
humanidad”, sostiene Lira Matus, que aún espera la respuesta del organismo
judicial dependiente de la OEA.
El gobierno de Michelle Bachelet presentó en septiembre un proyecto para
anular la Ley de Amnistía, de 1978, que exime de responsabilidad penal a las
personas que cometieron violaciones a los derechos humanos entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien algunas sentencias
eludieron la ley, el hecho (passaram por cima da lei, o fato) de que siga
existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en
materia de derechos humanos.
“A 42 años del golpe, afirma Lira Matus, los testigos (as testemunhas) se
están muriendo y los victimarios (os algozes) mueren en la impunidad o (ou) tranquilamente
en sus casas. El ejército de Chile sigue manteniendo un pacto de silencio. No
hay arrepentidos. Por eso anular la Ley de Amnistía sería un paso muy
importante y lo avala la condena (e o endossa a condenação) de la CIDH en 2006
en el caso de Arellano.”
La CIDH condenó al Estado chileno por la aplicación de la Ley de
Amnistía en el caso del asesinato del profesor y militante comunista Luis
Alfredo Almonacid Arellano. A partir de ese fallo (dessa decisão) muchos jueces
dejaron de aplicar dicha norma, señala Lira Matus. “Son 13 los magistrados que
investigan y van a fondo. Pero cuando las causas llegan a la Corte de
Apelaciones o (ou) a la Corte Suprema se demoran o (ou) las penas son
reducidas. Hay jueces que no tienen la sensibilidad ni el compromiso de avanzar
con las causas.”
Lira Matus agrega un dato (um dado): falta encontrar los restos de 800
personas. “La búsqueda ha sido siempre la de los familiares. Cuando aparecen
unos restos, los obreros (obreiros, operários) de la construcción se contactan
con nosotros.” Y le preocupa que a través de los símbolos los militares
reivindiquen (defendam) sus crímenes. “Cuando el ejército le pone a la
biblioteca de la escuela militar el nombre de Pinochet Ugarte está
reivindicando lo que hicieron (está defendendo o que fizeram). Hace poco más de
un año, la armada de Valparaíso erigió una estatua a Ameguino, el comandante en
jefe de la marina de la dictadura.”
No deja de sorprender que el 10 de diciembre pasado, Día Internacional
de los Derechos Humanos y cuando se cumplían ocho (8) años de la muerte de
Pinochet, un senador de la ultraderecha pidiera hacer un minuto de silencio en
homenaje al dictador.
Tradução
(parcial): Jadson Oliveira
Comentários