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| Moisés Sánchez Cerezo, o último jornalista assassinado (Foto: EFE/Página/12) |
O México é o sexto país mais
perigoso para o exercício do jornalismo, depois de países como a Síria e o
Iraque: pelo menos 10 jornalistas mexicanos foram assassinados em menos de 28
meses do governo de Enrique Peña Nieto. A partir do ano 2.000, 82 comunicadores
foram mortos no México e outros 17 permanecem desaparecidos.
Por Gerardo Albarrán de Alba, da Cidade do México – no jornal argentino
Página/12, edição impressa de hoje,
dia 31
O desprezo pelo trabalho jornalístico
no México por parte de atores políticos, sociais e empresariais é o rito condutor
em pelo menos 10 casos de jornalistas mexicanos assassinados em menos de 28
meses do governo de Enrique Peña Nieto, o último deles confirmado na noite do
domingo passado, quando encontraram degolado Moisés Sánchez Cerezo, um jornalista e ativista
sequestrado em sua casa no estado de Veracruz no último dia 2. O prefeito de sua
comunidade é apontado como autor intelectual do crime.
O México é o sexto país mais perigoso
do mundo para os jornalistas, depois da Síria, o território palestino da Faixa
de Gaza, Paquistão, Iraque e Ucrânia, segundo um informe internacional
difundido no último dia 6 em Genebra pela Campanha por um Modelo de Imprensa.
Desde o ano 2.000, pelo menos 82 jornalistas
e comunicadores foram assassinados no México e outros 17 permanecem
desaparecidos, registra o escritório local da organização Artigo 19, com sede em
Londres. Em Paris, Repórteres sem Fronteiras considera Veracruz como o estado mais
violento para a imprensa mexicana, com pelo menos 16 jornalistas assassinados,
um dado que tem a concordância de PEN México; 11 desses crimes ocorreram a
partir de julho de 2010, quando se iniciou a administração de Javier Duarte
Ochoa.
Continua em espanhol (com
traduções pontuais):
De enero a septiembre de 2014, la oficina (o escritório) local de
Artículo 19 documentó 222 agresiones contra la prensa. En 94 casos se trata de
ataques físicos; 40 actos de intimidación; 37 amenazas; 23 detenciones
arbitrarias; tres asesinatos a periodistas (jornalistas) y el ataque a las
instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo (o filho) de
un comunicador. En el 42 por ciento de las agresiones, el responsable es un
funcionario público; en el 17 por ciento es un particular; y se desconoce al
atacante en el restante 27 por ciento.
Para la Casa de los Derechos de los Periodistas, creada hace cuatro años
en esta capital, en el período entre enero y noviembre de 2014 fueron
asesinados ocho (8) periodistas: tres en Guerrero, dos (2) en Oaxaca, uno en
Tamaulipas, uno en Sinaloa y uno en Zacatecas, además de un niño (garoto) de
apenas 12 años de edad, Juan Diego Benítez, hijo (filho) del conductor y
fundador de la Radio Comunitaria La Calenta Mexiquense, Indalecio Benítez. El
menor murió durante un ataque perpetrado por un comando armado que acribilló (alvejou,
disparou contra) las instalaciones de la estación en Luvianos, estado de
México.
Desde 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
recibió 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o (ou) medios de
comunicación; también confirmó 97 muertes de periodistas o (ou) trabajadores
del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo. Desde
2005, la CIDH ha documentado la desaparición de 22 comunicadores en México, y
desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación,
tanto impresos como electrónicos.
De acuerdo con los registros de Artículo 19, los años 2006 y 2008 han
sido los más mortales para los periodistas en México, con diez (10) comunicadores
asesinados en cada uno. El año pasado reportó cinco asesinatos.
Todas las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan la
protección de periodistas coinciden (concordam) en que el mayor agresor de la
prensa en México es la policía, ya sea municipal, estatal o (estadual ou) federal,
así como funcionarios públicos de todos los niveles y las fuerzas armadas.
Freedom House y el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en
inglés), ambas con sede en Washington, confirmaron que las autoridades y sus
cuerpos de seguridad son los agresores más frecuentes de periodistas.
Mediante la campaña “Periodistas en riesgo”, ambas organizaciones
recibieron 209 reportes (informes) de agresiones desde el 1º de diciembre de
2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente, hasta el 1º de
diciembre de 2014. De ese total, 143 corresponden a agresiones físicas (46
golpizas de policías y 27 detenciones arbitrarias, incluida la de un periodista
rumano [da Romênia]); 17 golpizas por parte de manifestantes; 13 secuestros y
16 homicidios – 8 de ellos precedidos de desaparición forzada – en nueve
entidades (Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas),
incluida María del Rosario Fuentes, que compaginaba su labor (seu trabalho)
como residente médica en un hospital de Tamaulipas con reportes sobre seguridad
pública y crimen organizado en las redes sociales. El proyecto “Periodistas en
riesgo” es realizado por un grupo de periodistas y defensores de derechos
humanos para registrar incidentes de criminalidad y corrupción.
En un reporte divulgado el viernes (sexta-feira) pasado, se detallan 46
casos de agresiones psicológicas, entre las que destacan cuatro casos de “doble
riesgo”, que consisten en amenazas contra periodistas que investigaban algún
tipo de agresión contra ellos mismos. El mapa de agresiones elaborado por
Freedom House y el ICFJ muestra también 14 agresiones digitales y seis
agresiones legales (es decir, acoso [quer dizer, assédio] legal mediante
demandas, citatorios o decomiso de equipo [ou apreensão de equipamento]).
Estas agresiones tienen como hilo (rito) conductor “un creciente
desprecio hacia la labor periodística (contra o trabalho jornalístico) en
México por parte de actores policíales, políticos, sociales y empresariales,
además de los grupos criminales”, y una “sólida confianza” en que tales
crímenes quedarán impunes.
Tradução (parcial): Jadson Oliveira
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