Protesto contra o governo de Juan Orlando Hernández na semana passada em Tegucigalpa (Foto: AFP/Página/12) |
Para a Organização Mundial da
Saúde (OMS), é o país mais violento das Américas: de agências bancárias até
lojas de brinquedo têm as entradas vigiadas por seguranças privados com metralhadoras.
Os militares são os encarregados de proteger as escolas e de cumprir as tarefas
inerentes à polícia, como acontece no México.
Por Ezequiel Sánchez, de Tegucigalpa – no jornal argentino Página/12, edição impressa de hoje, dia
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Honduras
é um país repleto de armas, com uma média de 20 assassinatos diários que banalizou
a barbárie. De agências bancárias até lojas de brinquedo têm as entradas vigiadas
por seguranças privados com metralhadoras. Por outro lado, os militares são os
encarregados de proteger as escolas e de cumprir as tarefas inerentes à
polícia, já que segundo o governo, e como no México, esta foi relegada após ter
sido corrompida pelo narcotráfico.
“Um policial
mal pago, um policial discriminado, um policial que sabe que está expondo sua
vida e que qualquer dia destes vai deixar a sua família desamparada, é presa
fácil para qualquer oferta por parte da delinquência comum ou organizada”, diz
María Luisa Borjas, ex-chefe de Assuntos Internos da Polícia Nacional, removida
de seu cargo por denunciar que o chefe do Estado Maior Conjunto havia
participado duma quadrilha que roubava carros.
Mas ao
invés de melhorar a qualidade da polícia, o ex-presidente Porfirio Lobo Sosa botou
os militares nas ruas em meados de 2012. Logo depois já haviam assassinado pelas
costas um jovem de 15 anos que não parou numa barreira para que seu pai não
descobrisse que ele havia usado a moto sem permissão. “Já estamos cansados de dizer
que não estão preparados para lidar com a sociedade. Eles estão preparados para
outras tarefas, são treinados para matar”, denuncia Wilfredo Yanez, pai da vítima,
parado no cenário do assassinato, onde ainda há marcas das balas que dispararam
contra seu filho Ebed.
Continua em espanhol (com
traduções pontuais):
Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indica
que la ola (a onda) de violencia se da en un contexto de aumento de presupuesto
(do orçamento) militar y disminución de los de salud, educación y servicios
públicos. “Honduras es el segundo país que más ha incrementado su presupuesto (orçamento)
militar en los últimos años (58 por ciento desde 2010) en América latina
después de Paraguay”, señaló.
Aunque los militares tienen cada vez más poder, las muertes violentas no
dejan de crecer. A pesar de que el gobierno aseguraba haber reducido el número
a 69 sobre cien mil, la cifra es desmentida por la Organización Mundial de la
Salud, con un informe publicado hace dos (há duas) semanas, que ubica (coloca) a
Honduras entre los países más violentos del mundo. El informe de la OMS afirma
que en realidad Honduras alcanza los 103,9 muertos por cada cien mil. En el
continente, la segunda distante es Venezuela, con 57,6, mientras (enquanto) que
Argentina ostenta 6 cada cien mil.
El contraste entre Honduras y sus vecinos inmediatos es aún más
llamativo. “A dos (duas) horas de Tegucigalpa, los índices de seguridad en
Nicaragua son totalmente inversos (13 homicidios cada cien mil), porque ese
país se dio cuenta de que tenía que atacar el problema desde un punto de vista
integral”, ilustra Carlos Sierra, coordinador del Area de Seguridad del Centro
de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Para Neesa Medina, especialista en femicidios, Honduras no sólo carece
de un plan integral para aplacar la violencia, sino que la alienta a través del
alto nivel de impunidad que garantiza su ineficaz sisterma judicial. “El Estado
no sólo promueve la violencia y el armamento a su población, sino que la
perpetúa a través de la impunidad del 95 por ciento de los casos de muertes
violentas de mujeres que se dan a diario”, apuntó la especialista. Según la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el porcentaje de casos que terminan
sin condena (sem condenação) asciende a 98 por ciento cuando se trata de
delitos por violación a los derechos humanos. Es que ni la fama que da ser Miss
Honduras protege a las jóvenes. María José Alvarado apareció asesinada a
balazos junto a su hermana hace un mes, justo el día en que debía volar a
Londres para participar del concurso Miss Mundo.
Uno de los oficios más peligrosos en Honduras es el de conductor de
transporte público. De acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos
(Conadeh), más de cien choferes de colectivos han sido asesinados este año.
Yeleni Cruz, usuaria habitual de dicho transporte, sabe a lo que se expone. “El
impuesto de guerra es que los mareros (delinquentes) te piden una cuota mensual
para que vos puedas tener tu negocio sin ser acribillado (tua casa de comércio sem
ser atacado), porque ellos tienen el control de las drogas y el control del
transporte público”, describe mientras (enquanto) hace fila en la parada.
La violencia aqueja (atinge) a toda la población, pero desde la sociedad
civil afirman que practica una persecución colectiva para aprovecharse de los
sectores más vulnerables. “Afecta a ciertas poblaciones como los indígenas, por
las zonas con recursos naturales. Otros grupos vulnerables han sido los
periodistas (jornalistas), abogados, líderes campesinos y miembros de la comunidad
Lgtbi”, afirma Erick Martínez, del Ciprodeh.
Mientras tanto (Enquanto isso), el actual presidente Juan Orlando
Hernández ha lanzado este año los Guardianes de la Patria, una iniciativa para
que chicos (meninos) rodeados de militares reciban educación cívica y religiosa
los fines de semana. Por primera vez en su historia, el Comité de Derechos del
Niño (da criança) de las Naciones Unidas le envió una carta formal al
presidente donde le solicita “abstenerse de implicar a niños y niñas (meninos e
meninas) en actividades como las visitas escolares a bases militares o (ou) los
actos militares en los centros educativos”, según relata Wilmer Vázquez,
director de la Red pro niños, jóvenes y adolescentes Coiproden.
En Honduras un permiso para portar armas durante cuatro años vale sólo
quince dólares. Berta Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), traza un paralelismo con las peores épocas
del terrorismo de Estado. “Los mismos actores del pasado – afirma – han creado
esta inseguridad para vender después políticas de seguridad.”
Tradução
(parcial): Jadson Oliveira
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