quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

EQUADOR LANÇA CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE MAIS DE MIL FREQUÊNCIAS DE RÁDIO E TV

1.069 frequências de rádio e televisão serão lançadas através de concurso público no Equador (Foto: Carlos Rodríguez/Andes))
Democratizar o espectro radioelétrico: o governo equatoriano avança na aplicação da lei de democratização dos meios de comunicação, aprovada em 2013, que determina a distribuição equitativa das concessões de rádio e TV: 33% para o setor privado, 33% para o setor público e 34% para meios comunitários.


Da Agência Pública de Notícias do Equador e Sul-américa – Andes, de 03/02/2016 (em espanhol)

Quito – Ecuador se apresta a lanzar en los próximos días el concurso público para la adjudicación de 1.069 frecuencias de radio y televisión en cumplimiento a la disposición contemplada en la Ley Orgánica de Comunicación (artículo 106) que establece la distribución del equitativa: 33% a medios privados, 33% a medios públicos y 34% a medios comunitarios, informaron fuentes oficiales.

Se trata de 140 frecuencias de AM (43 comunitarias y 97 privadas/comunitarias), 680 frecuencias de FM (88 comunitarias, 574 privadas/comunitarias y 18 de nacionalidades) y 249 frecuencias de televisión (31 comunitarias, 186 privadas/comunitarias y 32 privados (de un rango de alcance de 15.000 habitantes). Son frecuencias cuyo contrato de concesión ha caducado. 
La redistribución es un mandato establecido en la Constitución cuando se declara a la comunicación e información como un derecho constitucional y que delineó la reorganización con la vigencia de la Ley de Comunicación, desde junio de 2013, explicó Paulina Mogrovejo, integrante del Consejo de Comunicación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom).
El Cordicom es la institución que junto a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) deben llevar adelante el proceso de adjudicación que se desarrollará por un lapso de ocho meses aproximadamente, de acuerdo al ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín.
Al Cordicom le corresponde impulsar dos aspectos durante el proceso: la evaluación de los proyectos comunicaciones (uno de los requisitos) y “el establecimiento de propuestas de medidas de acción afirmativas, para que los medios de comunicación comunitarios puedan sostenerse durante el tiempo y puedan promoverse de manera independiente con autogestión y autonomía” –tanto en la producción de contenidos como en la gestión administrativa y financiera-, indicó la consejera Mogrovejo en entrevista con ANDES. 
El organismo deberá remitir un informe vinculante a la autoridad de telecomunicaciones que avale que el solicitante está en condiciones de acceder a la concesión que, en caso de ser otorgada, durará 15 años con opción a una renovación por igual periodo.
En tanto, Arcotel deberá preparar y aprobar las bases del concurso, realizar la convocatoria y publicación de las bases (en dos medios escritos de circulación nacional), realizar respuestas y aclaraciones y recibir las solicitudes (en un plazo de 40 días desde la convocatoria); evaluar las mismas y publicar los resultados y recibir impugnaciones.
Al Arcotel le corresponde emitir una resolución, notificar al concesionario, suscribir los títulos habilitantes y levantar un registro nacional de títulos habilitantes.
Para seleccionar las solicitudes se tomarán en cuenta el contenido del plan de gestión (que será valorado con 40 puntos), el contenido del plan de sostenibilidad económica (40 puntos) y el estudio técnico de ingeniería (20 puntos). Cada uno deberá cumplir como mínimo con el 60% para no ser descalificado. Habrá un reconocimiento adicional a la puntuación de las solicitudes en el que se valorarán el reconocimiento por inversión y experiencia acumulada (20%) y por solicitar una matriz respecto de una repetidora (20%).
Libertad de expresión
Paulina Mogrovejo sostiene que para los estados una forma de garantizar la libertad de expresión es ampliar la propiedad del espectro radioeléctrico, a través de la concesión al sector privado en zonas regionales y locales.
“Porque además de concentrado en el sector privado, lo que ha pasado tradicionalmente en nuestro país es que esa concentración estaba establecida para grandes corporaciones asociadas a la banca o a partidos políticos que en el antiguo Conartel (Consejo de Radio y Televisión) se distribuyeron frecuencias en el marco de favores político, intereses económicos o de la banca”, dijo.
Esta democratización del espectro radioeléctrico -un nuevo orden como lo llama la consejera- le da la oportunidad por primera vez en la historia del país a organizaciones sociales que jamás imaginaron que podían acceder a un medio de comunicación social porque para eso se necesitaba no solo capital económico sino padrinos políticos.
“Antes las frecuencias se manejaban en un Consejo que era el famoso Conartel, en este Consejo nadie sabía ni las peticiones que se hacían ni el orden de peticiones. No había ningún tipo de información pública, peor a los concesionarios (…) todo esto se hacía a puerta cerrada”, recordó el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín.
En contraste, añadió, la Ley de Comunicación “cambia radicalmente” esa realidad y ahora se tienen reglas claras para el otorgamiento de las frecuencias.
Ley
El artículo 105 de la Ley de Comunicación establece que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Que la administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público estratégico la ejercerá el Estado central a través de la autoridad de telecomunicaciones.
La normativa señala también que “en ningún caso, la administración del espectro radioeléctrico implica realizar actividades de control sobre los contenidos de los medios de comunicación”.
Artículo 106 - Distribución equitativa de frecuencias.- Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios privados.
Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante:
1.- La asignación de las frecuencias todavía disponibles.
2.- La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución.
3.- la reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas para su funcionamiento o fines para los que les fueron concesionadas, y su posterior redistribución.
4.- La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto por la ley.
5.- La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de radio y televisión.

En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. 

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