segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015

CHILE: “OS MILITARES CONDENADOS DEVEM IR AO CÁRCERE COMUM”


“A busca foi sempre promovida pelos familiares”, afirma Alicia Lira Matus (Foto: Pablo Piovano/Página/12)

Entrevista com Alicia Lira Matus, presidenta da Agrupação de Familiares de Executados Políticos: ela afirma que em Punta Peuco, onde está o ex-chefe da DINA (Diretoria de Inteligência Nacional – o mais famoso centro de tortura durante a ditadura de Pinochet), Manuel Contreras, os repressores têm privilégios. A representante dos defensores dos direitos humanos espera que se aprove o projeto que anula a Lei de Anistia.

Por Mercedes López San Miguel, no jornal argentino Página/12, edição impressa de hoje, dia 16

No Chile as duas organizações emblemáticas dos direitos humanos são Agrupação de Familiares de Detidos Desaparecidos e Agrupação de Familiares de Executados Políticos. Alicia Lira Matus, 65 anos, é a presidenta da segunda, por um terceiro período. Esta mulher de baixa estatura e olhar piedoso é uma militante comunista e dirigente sindical que lutou contra a ditadura (1973-1990). O regime pinochetista assassinou seu marido Felipe Rivera, também militante comunista, e deteve seu irmão, que sobreviveu.

“Quando matam meu companheiro eu me incorporo à Agrupação de Familiares de Executados Políticos”, conta Lira Matus, uma organização que nasceu em 1976 com o objetivo de denunciar o terrorismo de Estado. “Minha situação repressiva começa em agosto de 1986. Prendem meu irmão Diego Lira Matus. Felizmente o encontrei em La Serena, quando viram que nós exigíamos que aparecesse. Esteve incomunicável durante um mês. Nesse lapso, sequestraram meu companheiro Felipe. Saí em campanha pela liberdade dos prisioneiros políticos.”

Continua em espanhol (com traduções pontuais):

Desde entonces, Alicia Lira Matus trabaja por la verdad y la justicia de las víctimas de su país. “En 2008 nos dimos cuenta, a partir de los informes sobre Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) y sobre Prisión Política y Tortura (Valech, 2004), de que había cientos (centenas) de casos impunes. Hemos presentado 1.250 querellas, incluyendo casos de las fiscalías (das promotorias) militares, ya que actuaron como juez y parte durante la dictadura.”
La cifra oficial en Chile es de 2.296 asesinados políticos, pero Alicia Lira Matus asegura que son 3.000. Era un interés de la dictadura tergiversar el relato, ocultar que había lanzado cuerpos al mar. “El cuerpo de la militante comunista Marta Ugarte aparece en la playa La Ballena. Los militares trataron de hacerlo pasar como un crimen pasional.”

Hay 262 represores procesados o (ou) condenados, incluido Manuel Contreras, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet. “En Punta Peuco, donde está Contreras, los militares tienen su baño, Internet, mejores condiciones que otros presos. Es una cárcel con privilegios. Ellos tienen que ir a una cárcel común.”

Hace cinco años, el jefe del operativo que asesinó a su marido, Alvaro Corbalán, fue condenado a diez años de prisión. Pero la mayoría de los responsables de la muerte de Felipe Rivera recibieron penas remitidas (prisão domiciliar), es decir, que la cumplen en sus casas con vigilancia. Ante esa situación, la presidenta de Familiares de Ejecutados Políticos hizo un pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la denegación de justicia (falta de justiça) ante un crimen de lesa humanidad. “Lo secuestran, lo torturan, lo matan y lo dejan tirado en la calle (na rua). No puede haber penas remitidas, que ellos duerman tranquilos en sus casas, ya que se trata de un crimen de lesa humanidad”, sostiene Lira Matus, que aún espera la respuesta del organismo judicial dependiente de la OEA.

El gobierno de Michelle Bachelet presentó en septiembre un proyecto para anular la Ley de Amnistía, de 1978, que exime de responsabilidad penal a las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien algunas sentencias eludieron la ley, el hecho (passaram por cima da lei, o fato) de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

“A 42 años del golpe, afirma Lira Matus, los testigos (as testemunhas) se están muriendo y los victimarios (os algozes) mueren en la impunidad o (ou) tranquilamente en sus casas. El ejército de Chile sigue manteniendo un pacto de silencio. No hay arrepentidos. Por eso anular la Ley de Amnistía sería un paso muy importante y lo avala la condena (e o endossa a condenação) de la CIDH en 2006 en el caso de Arellano.”

La CIDH condenó al Estado chileno por la aplicación de la Ley de Amnistía en el caso del asesinato del profesor y militante comunista Luis Alfredo Almonacid Arellano. A partir de ese fallo (dessa decisão) muchos jueces dejaron de aplicar dicha norma, señala Lira Matus. “Son 13 los magistrados que investigan y van a fondo. Pero cuando las causas llegan a la Corte de Apelaciones o (ou) a la Corte Suprema se demoran o (ou) las penas son reducidas. Hay jueces que no tienen la sensibilidad ni el compromiso de avanzar con las causas.”

Lira Matus agrega un dato (um dado): falta encontrar los restos de 800 personas. “La búsqueda ha sido siempre la de los familiares. Cuando aparecen unos restos, los obreros (obreiros, operários) de la construcción se contactan con nosotros.” Y le preocupa que a través de los símbolos los militares reivindiquen (defendam) sus crímenes. “Cuando el ejército le pone a la biblioteca de la escuela militar el nombre de Pinochet Ugarte está reivindicando lo que hicieron (está defendendo o que fizeram). Hace poco más de un año, la armada de Valparaíso erigió una estatua a Ameguino, el comandante en jefe de la marina de la dictadura.”

No deja de sorprender que el 10 de diciembre pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos y cuando se cumplían ocho (8) años de la muerte de Pinochet, un senador de la ultraderecha pidiera hacer un minuto de silencio en homenaje al dictador.

Tradução (parcial): Jadson Oliveira

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