domingo, 16 de novembro de 2014

MENORES IMIGRANTES E GUANTÂNAMO: VÍTIMAS DO ESTADO ESTADUNIDENSE



Famílias de imigrantes com crianças entram de forma irregular nos Estados Unidos (Foto: AFP/Página/12)
A ONU questionou o tratamento aos ilegais (“indocumentados”) e aos presos de Guantânamo: um dos dois relatores do Comitê contra a Tortura, Alessio Bruni, definiu como uma “situação dramática” o que acontece com os 68.000 menores imigrantes detidos que chegam de El Salvador, Guatemala, Honduras e México.

Matéria do jornal argentino Página/12, edição impressa de 13/11/2014


O Comitê contra a Tortura da ONU questionou na quarta-feira, dia 12, a política migratória dos Estados Unidos, especialmente o tratamento dado aos milhares de menores sem documentos (“indocumentados”) que entraram de forma irregular em seu território.


Assim como em relação à prisão militar de Guantânamo – em Cuba –, os especialistas questionaram por que continua aberta com uma centena e meia de presos, a maioria dos quais não foi submetida a julgamento e não tem acesso aos direitos fundamentais de qualquer cidadão.


Os Estados Unidos compareceram ante o Comitê contra a Tortura da ONU, que entre quarta e quinta-feira examinará se Washington vem cumprindo desde 2006 a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Um dos dois relatores, Alessio Bruni, definiu como uma “situação dramática” o que acontece com os 68.000 menores imigrantes detidos procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras e México, e que entraram nos Estados Unidos.


Mais de 95% dos menores não mexicanos desacompanhados detidos na fronteira foram liberados e entregues a familiares com uma ordem de apresentação a autoridades, dentre elas as cortes de imigração. O restante foi enviado a centros administrados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos para Crianças e Famílias. Em 2008 o Congresso aprovou a Lei de Reautorização de Proteção às Vítimas de Tráfico, segundo a qual a patrulha fronteiriça está obrigada a tomar em custódia os menores migrantes que não sejam originários do México e transferi-los ao Escritório de Reassentamento de Refugiados (subordinado ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos) num prazo de 72 horas.


Continua em espanhol (com traduções pontuais):


“No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?”, se cuestionó Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras (após) ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos (informações) al respecto.


El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis humanitaria tras el arresto (após a detenção), en lo que iba del año, de 46 mil niños migrantes solos (desacompanhados) cuando intentaban ingresar al país. Al 28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando (por que se continua encarcerando) a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles del país.


A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata de una medida “indeseable”. El reporte explicó que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.


George Tugushi, que ayer (ontem, quarta-feira) actuó como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. “¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?”, cuestionó Tugushi.


Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos (Tratamentos) degradantes o (ou) inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente sobre si los que son sospechosos (suspeitos) pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.


Los dos (dois) relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo – algo que todas las instancias de la ONU rechazan – y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidos a terceros países no serán torturados.


Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan (negam) que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

Tradução (parcial): Jadson Oliveira

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