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| Famílias de imigrantes com crianças entram de forma irregular nos Estados Unidos (Foto: AFP/Página/12) |
A ONU questionou o tratamento aos
ilegais (“indocumentados”) e aos presos de Guantânamo: um dos dois relatores do
Comitê contra a Tortura, Alessio Bruni, definiu como uma “situação dramática” o
que acontece com os 68.000 menores imigrantes detidos que chegam de El
Salvador, Guatemala, Honduras e México.
Matéria do jornal argentino Página/12, edição impressa de
13/11/2014
O Comitê
contra a Tortura da ONU questionou na quarta-feira, dia 12, a política migratória
dos Estados Unidos, especialmente o tratamento dado aos milhares de menores sem
documentos (“indocumentados”) que entraram de forma irregular em seu território.
Assim
como em relação à prisão militar de Guantânamo – em Cuba –, os especialistas questionaram
por que continua aberta com uma centena e meia de presos, a maioria dos quais não
foi submetida a julgamento e não tem acesso aos direitos fundamentais de qualquer
cidadão.
Os Estados
Unidos compareceram ante o Comitê contra a Tortura da ONU, que entre quarta e
quinta-feira examinará se Washington vem cumprindo desde 2006 a Convenção
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes. Um dos dois relatores, Alessio Bruni, definiu como uma “situação
dramática” o que acontece com os 68.000 menores imigrantes detidos procedentes
de El Salvador, Guatemala, Honduras e México, e que entraram nos Estados
Unidos.
Mais de
95% dos menores não mexicanos desacompanhados detidos na fronteira foram
liberados e entregues a familiares com uma ordem de apresentação a autoridades,
dentre elas as cortes de imigração. O restante foi enviado a centros
administrados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos para Crianças e Famílias.
Em 2008 o Congresso aprovou a Lei de Reautorização de Proteção às Vítimas de Tráfico,
segundo a qual a patrulha fronteiriça está obrigada a tomar em custódia os menores
migrantes que não sejam originários do México e transferi-los ao Escritório de
Reassentamento de Refugiados (subordinado ao Departamento de Saúde e Serviços
Humanos) num prazo de 72 horas.
Continua em espanhol (com
traduções pontuais):
“No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en
los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?”, se cuestionó
Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de
todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados
inmediatamente tras (após) ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig,
preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de
detención y pidió datos (informações) al respecto.
El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis
humanitaria tras el arresto (após a detenção), en lo que iba del año, de 46 mil
niños migrantes solos (desacompanhados) cuando intentaban ingresar al país. Al
28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de
niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta
Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros
de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos
procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue
encadenando (por que se continua encarcerando) a las inmigrantes retenidas en
el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles
del país.
A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en
centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata
de una medida “indeseable”. El reporte explicó que, tras una visita llevada a
cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de
octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los
derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad
personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.
George Tugushi, que ayer (ontem, quarta-feira) actuó como presidente
porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en
Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué
se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. “¿Por qué no se les
individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan
alternativas a la detención?”, cuestionó Tugushi.
Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente
jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial
que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos (Tratamentos)
degradantes o (ou) inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni
solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente
sobre si los que son sospechosos (suspeitos) pero no se les ha procesado tienen
las mismas garantías judiciales que el resto.
Los dos (dois) relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a
presos de Guantánamo – algo que todas las instancias de la ONU rechazan – y por
qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los
expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos
transferidos a terceros países no serán torturados.
Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan
(negam) que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se
entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue
conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles
y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas
sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y
sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad
transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos
tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan
en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el
establecimiento de una moratoria a la pena capital.
Tradução (parcial): Jadson
Oliveira
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